El viaje de economía mexicana

El 01 de julio 2018 más del 50% del electorado mexicano eligió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente electo con la férrea promesa del cambio económico y social fundamental y necesario para México. Algo que el propio AMLO denominaría la Cuarta Transformación.

Dos años después de su administración, la mala gestión de AMLO ha contribuido a que la economía mexicana se encuentre entre los mercados emergentes más afectados por la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, la negación que AMLO ha tenido frente a la pandemia, similar actitud a la de Trump, ha convertido a su país en el tercer país con el número más alto de muertes por COVID en el mundo.

A menos que AMLO cambie de opinión generando un cambio de política abrupto, se esperan cuatro años más de problemas económicos y sociales en México. Esto se ahondaría mucho más de concretarse la segunda ola de la pandemia en Estados Unidos, y/o si la situación de liquidez internacional actualmente muy favorable llegara pronto a su fin.

Incluso antes de que ocurriera la pandemia, la economía de México ya se mostraba deficiente. Sorprendido por las políticas hostiles de AMLO con el mercado y por su debilitamiento de las instituciones económicas mexicanas, la inversión nacional y extranjera dio un giro hacia el temor económico. Como resultado, ya en 2019 el país se encontró en recesión.

Como ha sido el caso de muchas otras economías de mercados emergentes, la pandemia global ha traído como consecuencia una tormenta económica perfecta para México. El descenso en la actividad económica de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, y el colapso de los precios internacionales del petróleo asestaron un duro golpe a la economía mexicana dependiente del petróleo y de Estados Unidos. También lo hizo la gran interrupción de los viajes internacionales a una economía donde el turismo representa más del 8% de su PIB.

Si bien la economía mexicana estaba destinada a verse dañada por la pandemia, no había otra buena razón que la incompetencia del gobierno para esperar que el PIB de México cayera casi un 19% en el segundo trimestre de este año. Tampoco había ninguna razón para esperar que los bancos de inversión estadounidenses estuvieran proyectando ahora una caída del PIB mexicano de más del 10% para el 2020 en su conjunto, en un momento en que esperan alrededor de la mitad de esa caída en otras economías latinoamericanas.

El mal manejo de AMLO de la pandemia ha contribuido al malestar económico del país. No solo fue dolorosamente lento para reconocer la gravedad de la pandemia, sino que estaba demasiado ansioso por relajar las restricciones de cuarentena que finalmente se introdujeron de forma tardía. Tampoco ha ayudado que, al igual que Donald Trump, AMLO ha desafiado constantemente a sus autoridades de salud pública sobre la necesidad de distanciamiento social, ha seguido realizando manifestaciones políticas y ha menospreciado la necesidad del uso de mascarillas y/o protectores faciales.

Una forma más sorprendente en la que AMLO ha ayudado a profundizar la recesión inducida por la pandemia en México ha sido su renuencia de abrir las finanzas públicas para brindar apoyo a la economía en crisis. Según el FMI, el apoyo presupuestario que México ha brindado a su economía para amortiguar las consecuencias de la pandemia ha sido de poco más del 1% del PIB. Eso es menos de un tercio del apoyo presupuestario que otros mercados emergentes han brindado a sus economías. Esto es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que la deuda pública de México todavía se encuentra en un nivel moderado y que todavía tiene un superávit presupuestario primario.

Para agravar los problemas económicos de México, el declive de la economía y el aumento de la tasa de desempleo han estado acompañados de un repunte de la inflación. Esto ha sido en gran parte el resultado de la caída de casi 20% en la moneda mexicana desde el comienzo del año, ya que los inversionistas se inquietaron cada vez más sobre la dirección de la economía mexicana y el Banco de México se vio obligado a reducir las tasas de interés.

Todo esto sugiere que la economía mexicana está particularmente mal posicionada para resistir una segunda ola de la pandemia global o un endurecimiento apreciable de las condiciones de liquidez global. Cualquier falla de la economía mexicana para realizar una recuperación temprana podría constituir un viento en contra para la recuperación económica de Estados Unidos, y por lo tanto sobre Canadá y las economías emergentes, mayoritariamente latinoamericanas, dependientes de la economía estadounidense.

Chinchero: Mas allá del problema político

El aeropuerto de Chinchero en Cusco ha sido una obra que por muchas décadas el pueblo cusqueño, al sur de Perú, ha esperado para promover el mayor dinamismo económico en esta ciudad peruana. Con un fuerte incremento de la afluencia turística en Cusco debido a la mayor popularidad de Machu Picchu, luego de haber sido declarado como una de las siete maravillas del mundo, la capacidad instalada del actual aeropuerto del Cusco ha quedado bastante limitada, por lo que el aeropuerto de Chinchero era una urgencia para no afectar al sector turístico del país que ha venido cuesta arriba en los últimos años.

La ejecución de esta importante obra de infraestructura pública en el Perú desató un escándalo político en Perú por supuestos sobrecostos y corrupción de funcionarios por la designación inadecuada de la empresa encargada (Andino Investment Holding - AIH) de la licitación para la construcción de la gigante obra. Esta crisis política llevó a que el actual presidente peruano Martín Vizcarra, quién en ese entonces era Ministro de Transportes y Comunicaciones, se vio en la necesidad de renunciar a su cargo.

Pero, dos años antes del escándalo político en Perú, el Bank of New York Mellon analizó una transferencia que se realizó en febrero del 2015, por USD 98,000. Como consecuencia puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América – el grupo económico que lidera Eduardo Eurnekian – y a su socia peruana para el aeropuerto de Chichero en Cusco, Andina Investment Holding (AIH).

En junio del 2015, el banco neoyorquino envió un reporte de operaciones sospechosas al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) - organismo de Prevención de Lavado de Activos de Estados Unidos – con un detalle de 3,239 transferencias. Entre ellas se encontraba la transferencia por USD 98,000 que terminó en una cuenta de la financiera uruguaya Columbusnet S.A. en las Islas Caimán.

Sin embargo, dicha transferencia no salió de las cuentas de Corporación América ni de su socia AIH sino por cuenta y orden de una subsidiaria peruana de ese consorcio llamada Proyecta & Construye S.A.

La sociedad entre Corporación América y AIH nació en el 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En el 2004, durante el gobierno de Ollanta Humala conformaron el consorcio “Kuntur Wasi” y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco bajo la modalidad público-privada.

Corporación América y AIH fundaron una subsidiaria, Proyecta & Construye S.A., a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos. En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto de Chinchero. Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.

Giuliana Cavassa, Gerente de Asuntos Institucionales de Andino Investment Holding, y voceros de la Corporación América defendieron la legalidad de la transacción indicando que esa operación, señalada por FinCEN como sospechosa, fue por el “pago de unas facturas a Estudio GF S.A.”, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED.

Estudio GF S.A. es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. Tomando eso como base, ¿Porqué se usó la cuenta de Columbusnet S.A. en Islas Caimán para realizar esos pagos? De acuerdo con Cavassa, se hizo así porque “probablemente el proveedor lo solicitó de esa forma”. Cavassa ha insistido en que no tienen cuentas en Islas Caimán y no conocer a la financiera Columbusnet S.A. Pese a ello, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF S.A. aseguró que “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”. Si, según Estudio GF S.A., ellos no cobraron nada, ¿Quién le pidió hacer la transferencia a AIH a las cuentas de Columbusnet S.A. y por qué motivo?

AIH asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF S.A., con fecha 09 de enero del 2015, con el concepto: “Certificado N°1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera factura fue por USD 71,925.76, y la segunda factura fue por USD 26,160 (sumando un total de USD 98,085.76). El titular de Columbusnet S.A., Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar a sus clientes y las actuaciones que se estén realizando”.

Mientras tanto, en Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Chinchero-Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de la República del Perú, la adenda podría perjudicar el tesoro público al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado Peruano y un presunto perjuicio de unos USD 40 millones.

Además de ello, el replanteó contractual implicó el retraso del inició de la obra y posteriormente la suspensión del contrato ante los señalamientos de sospechas de corrupción y lavado de activos. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado Peruano.

En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del caso “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye S.A., y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.

Corporación América, por su lado, rechazaron esta hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. Agregaron que “las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales, etc.).

En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era "lesiva" para el Estado Peruano porque establecía que el país "asumía el riesgo por financiación de la obra", algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.

La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y sobre el perjuicio de la adenda contra el Estado Peruano. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra (USD 265 millones) y que la adenda "solo cambió el mecanismo de financiamiento".

Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato.

En Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció a Corporación América en el 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato "permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto".

A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que "no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana".

Pandemia Política

La COVID-19, que apenas cuenta con 11 meses desde que se identificó el caso cero en la provincia de Wuhan en China, ha ido mostrándonos, a lo largo del 2020, nuevos indicios sobre su comportamiento, las formas de contagio, su composición, efectos colaterales y potenciales maneras de poder luchar, de forma médica, contra esta nueva cepa de coronavirus.

Lo cierto es que no sólo nos ha ido mostrando aspectos nuevos en materia médica y científica, sino también nos ha mostrado las carencias y debilidades de la sociedad y la política en el mundo. La COVID-19 nos ha remecido contra la realidad que pasa desapercibida en el día a día, o que es utilizada para fines altruistas más que para realmente modificar las bases y estructuras de nuestras sociedades.

Entre los aspectos más crudos que nos ha mostrado la COVID-19 es la fuerte ausencia de infraestructura médica suficiente, tanto que incluso los países más desarrollados han visto a sus sistemas de salud rendirse ante la presencia de este nuevo virus. Las imágenes de los hospitales rebasados en España, Italia, Estados Unidos, entre otros países, ponen al descubierto como la salubridad ha pasado a un segundo plano en las prioridades del mundo. Han pasado mas de 102 años desde la ultima pandemia letal que ha sacudido a todo el mundo, y en todo este tiempo, el desarrollo médico y las políticas de salud publica parecen haber sido insuficientes para contener el avance de la COVID-19. Esto, a pesar de que en los últimos 20 años hemos experimentado epidemias de fuerte impacto como la gripe aviar, la gripe originada por el virus AH1N1, entre otros. Sin embargo, pese a este preludio, los países del mundo liderados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no han podido trabajar de forma conjunta para tener una mejor preparación en salud pública.

Esta infraestructura de salud insuficiente ha sido más evidente en Latinoamérica dejando atrás a los países africanos. Al corte del 04 de octubre 2020, de los 10 países con mayores incidencias de fallecimientos, 5 son latinoamericanos. 

Pero, no solo la brecha en tecnología e infraestructura en Salud ha sido desnudada sino también las desigualdades sociales y económicas. Países como Brasil, México, Perú, Colombia y Chile nos han mostrado que las décadas de milagro económico en la Alianza del Pacifico han forjado una buena base macroeconómica sustentada en el crecimiento económico explicada por actividades primarias y algunas terciarias, pero que no se ha logrado crear condiciones de desarrollo económico suficiente para dar respuestas apropiadas ante una crisis mundial como esta.

Durante todo el 2020 la dicotomía que han enfrentado los gobiernos, sobre todo los latinoamericanos, respecto a la salud publica versus la salud económica de sus países, ha tenido vaivenes. Es justamente en Latinoamérica donde no solo se registran las mayores incidencias de contagio y fallecimientos por COVID-19 sino también la perspectiva sobre el impacto negativo en la economía es más fuerte; es en esta región donde se avizoran las caídas económicas mas fuertes en el mundo para el cierre del 2020.

Sobre esta base, muchos de los gobiernos han empezado a hacer cálculos políticos sobre el manejo de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia, personajes como Jair Bolsonaro (presidente de Brasil), Andrés Manuel López Obrador (presidente de México), Donald Trump (Presidente de Estados Unidos) o Boris Johnson (Primer Ministro del Reino Unido), minimizaron los efectos de la COVID-19 y por el contrario incentivaban a que la población continuara con sus actividades económicas diarias sin detenerse. El efecto inmediato fue que se convirtieron rápidamente en los países con mayores niveles de contagio y fallecimientos por la COVID-19, y además el impacto económico posterior se empezó a sentir con fuerza en estos países.

El caso de Estados Unidos es un caso aparte, Donald Trump ha hecho gala de la peor forma de hacer política. Si antes de la pandemia, Trump ya era un personaje quien se caracterizaba por la altanería, actitudes matonescas y por un absurdo nivel de supremacía, ahora con la pandemia y a portas de las elecciones de noviembre 2020, han hecho de Trump un caso crítico de desesperación por ganar votos. A pocas semanas de las elecciones, la pandemia pasó por encima de él, y el riesgo que no sea reelecto es muy alto, motivo por el que pese a que acaba de ser diagnosticado con COVID-19, ha vuelto a salir a las calles en clara actitud irresponsable.

De esta forma, la pandemia no sólo nos ha mostrado la crítica situación de la salud pública, sino que ha revelado las peores facetas políticas de los principales líderes del mundo. Esa faceta en la que la vida de las personas pasa a un segundo plano y se prioriza el cálculo político y los intereses personales.

Bienvenidos a la Cuarta Transformación

A partir del 01 de diciembre, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) empezará oficialmente sus funciones. Si bien desde el 01 de julio en que fue elegido el próximo Presidente de México, estos seis meses sólo han servido para dar a conocer la perspectiva del futuro sexenio en el país.

Es evidente que la elección de López Obrador recogió el descontento de un gran sector de la población con la eterna hegemonía del PRI, de centro izquierda, como partido de gobierno, y de una alternancia con el PAN, de centro derecha (en el periodo 2000 al 2012), que no caló con la población. Los principales caballitos de batalla de AMLO fueron la lucha contra la corrupción y la mejora en las políticas públicas en favor del sector más pobre del país, con ciertos visos de progresismo que atrapó a más de la mitad del electorado mexicano.

Lejos quedaron los competidores de López Obrador en la elección del 01 de julio, con lo que este resultado consolidó y dio una fuerte legitimidad a su elección. El mercado y los sectores más conservadores entraron en pánico por la incertidumbre que su planteamiento de política económica traía consigo. Luego del 01 de julio, muchos inversionistas, y diversos sectores del país estuvieron concentrados en captar las señales de lo que sería la nueva administración en México.

En este sentido, las primeras señales fueron de diálogo y conciliación con la saliente administración de Enrique Peña Nieto (del PRI), aspecto que dejó un poco desconcertados a muchos de sus votantes, ya que la lucha contra su alicaída gestión había sido uno de los puntos críticos dentro de sus propuestas. Pero para los mercados fue una buena señal que, a diferencia de sus propuestas, se sentían aires de continuismo en el aspecto macroeconómico del país.

No obstante, el Presidente Electo de México empezó dar señales confusas como las consultas ciudadanas. En su afán de demostrar que la gente tiene poder sobre el país, instauró diversos procesos de consulta ciudadana para decidir sobre proyectos de inversión pública de gran envergadura para el país, o decisiones ejecutivas críticas, que pusieron en tela de juicio la seriedad de sus planteamientos. Un tufillo a populismo se empezó a asomar sobre la siguiente gestión que viene, y no precisamente avizorando cambios positivos, la cuarta transformación da luces de ser una degradación del país.

En el ámbito económico, las cifras de sus perspectivas de financiamiento para las propuestas de políticas públicas que plantea, no cuadran. Las prácticas de consulta ciudadana para tomar decisiones sobre proyectos de inversión pública, en el que los criterios técnicos son relevantes, han despertado incertidumbre sobre los inversionistas extranjeros y los potenciales riesgos que enfrentarían. Y, las presiones inflacionarias y del peso mexicano empiezan a comportarse en respuesta a esta incertidumbre. 

En lo social, es evidente que este será un aspecto que promocionará constantemente el equipo de MORENA. Este será el principal driver para vender su gestión como la mejor de los últimos tiempos, esto ya que lo social es lo más visible ante los ojos de la población, aunque ello implique costos económicos y financieros que nadie mirará o minimizará. En este sentido, será común los programas y políticas sociales que sean políticamente populares, aunque no tengan la suficiente sustentabilidad técnica ni económica.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, el motivo principal por el que votaron los mexicanos, es evidente que no avanzará mucho en esta materia y es que López Obrador no solo es el Presidente Electo de México, sino que anteriormente ha sido Jefe Delegacional de la Ciudad de México. Por ello, es claro que parte de la transferencia entre el PRI y MORENA ha sido negociar el tratamiento a los casos de corrupción que se están investigando o se pretendían investigar desde ambos bandos. La reciente postura del “borrón y cuenta nueva” anunciada por AMLO respecto a los funcionarios corruptos de gestiones anteriores, así lo demuestran. En el extremo, para dar muestras de la lucha contra la corrupción, la persecución será contra los casos abiertos del PAN (partido de centro-derecha), considerando las fuertes diferencias que separan a ambos bandos.

Esta situación no es nueva para América Latina, aunque quizá sí lo sea para México. Diversos países latinoamericanos ya han tenido gobiernos dónde lo primordial del ejecutivo es ganar popularidad política a costa de la salud económica y financiera del país, donde no se escatima en ello con tal de dejar una imagen positiva frente a la población. No es difícil pensar que esto va a ser así, tomando en cuenta los desastrosos resultados de su gestión como Jefe de la Ciudad de México. Durante este periodo, López Obrador obtuvo un respaldo gigante, por parte de los capitalinos, por las diversas obras de corte social y urbanístico que mejoraron la cara de la ciudad, pero lo que costó dejó casi en ruinas a la Ciudad de México, aunque muchos no lo vieron y no les interesó en absoluto. Lo mismo sucede hoy con las Consultas Ciudadanas, ejercicios que se publicitan como el mecanismo “democrático” (a pesar de no tener ni un control electoral) para que el pueblo decida sobre sus proyectos, aun cuando se sabe que esto puede atentar contra la sustentabilidad técnica de los mismos y el costo a asumir por el país sea exponencialmente mayor.

En la región hay ejemplos vivos de esta forma de gobernar, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Alan García en el Perú, Lula Da Silva en Brasil, entre otros. Todos con resultados que no necesariamente llevaron a una crisis estrepitosa al país, pero al menos estancaron el crecimiento económico y afectar diversos factores macroeconómicos del país a costa de buscar una mayor aceptación popular.

Esta situación es lamentable para México, en un contexto dónde necesita despegar, y reactivar diversos zonas productivas y comerciales del país, dónde es necesario sanear las cuentas públicas y ser más austeros para tener un reinicio de gestión mucho más adecuado que le permita tener holgura de maniobra. Lamentablemente, este tipo de gobiernos no se fijan en ello y sólo buscan agraciar a la población. Hoy, más del 60% aprueba la gestión de AMLO como Presidente Electo gracias a las consultas ciudadanas, qué pese a carecer de todo sentido técnico han sido aceptadas por el grueso de la población como una acción del “gobierno del pueblo”.

Serán seis años de idas y vueltas, de avances y retrocesos constantes, de incertidumbre para el mercado, el inversionista y el empleado formal. Será un sexenio de inflación, de tipo de cambio volátil y de una serie de locuras políticas que solo buscarán afianzar la imagen de López Obrador como la “Esperanza de México”, aunque en realidad se esté forjando la figura del nuevo Verdugo de México.

El terremoto Odebrecht

Desde hace varios años atrás, el destape de los casos de corrupción cometidos por Odebrecht y Lava Jato han remecido no sólo a la arena política de Brasil, también a los principales países de América Latina que por décadas recibieron el apoyo empresarial de estas organizaciones para el desarrollo de sus obras públicas.

Estos casos nos han dado la oportunidad de toparnos con una triste realidad, América Latina sigue siendo un compendio de países dónde la corrupción campea, dónde ser político es necesariamente sinónimo de delincuencia de cuello blanco, y difícilmente los que deberían trabajar al servicio del Estado realmente lo hacen. Cada país tiene su propio drama, unos más que otros, pero todos igual de críticos y lamentables.

Lula y Dilma en Brasil fueron los principales artífices y beneficiados de toda esta red de corrupción armada para beneficiarse personalmente, a costa de favorecer en las licitaciones de obras públicas a estas dos empresas. A ellos, se les suma las diversas investigaciones por los malos manejos de empresas públicas como Petrobras y Braskem. Por estos motivos, Brasil ha tomado liderazgo en cuanto a las investigaciones sobre estos casos, y ha logrado encarcelar al expresidente brasileño, así como el impeachment hacia Dilma por la incapacidad moral que representa.

En Colombia, México, Panamá, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay, y Perú, los casos han involucrado a expresidentes, parlamentarios, funcionarios públicos y agentes privados, todos confabulando para obtener beneficios personales a costas de las necesidades de todos estos países. La estrategia de utilizar la famosa “Caja 2” administrada por la Unidad de “Operaciones Estructuradas” de la empresa Odebretch para realizar los pagos ilícitos, dan cuenta el nivel de institucionalización de la corrupción en esta compañía y del afincamiento que esta ha tenido en los aparatos estatales.

Estos niveles de institucionalización del delito han hecho que para las investigaciones judiciales sea cada vez más difícil rastrear el origen ilícito de los pagos percibidos por estos funcionarios, ya que la cadena de pagos se hizo de forma tan compleja, cómo lo hace cualquier organización criminal, que ha servido para despistar a la justicia.

Pero, lo más resaltante es analizar ¿qué están haciendo los países ahora que ya se conoce todo este caso? En algunos llama la atención la inadvertida concentración que le han puesto a este gravísimo tema. Por ejemplo, en México han congelado el caso por cinco años, momento desde el cual se retomarán las investigaciones. Dichas investigaciones preliminares congeladas incluyen cómo principales sospechosos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a los Jefes de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (actual Presidente Electo de México) y Miguel Ángel Mancera, además de un ciento de Secretarios, gobernadores, ex jefes delegacionales, diputados, senadores y demás funcionarios públicos. Este caso es lamentable, siendo México uno de los principales países de la región con un elevado índice de corrupción estatal.

Sin embargo, no todo está perdido existen países de la región que han puesto en marcha las investigaciones sobre este caso, y ya ha habido acciones concretas con resultados cada vez más precisos y certeros en el proceso judicial. 

En Perú, independientemente del caso de Alberto Fujimori que ha pasado a la historia como el primer Presidente del Perú sentenciado a prisión efectiva, los demás expresidentes vivos siguen enfrentando a la justicia. Dos de ellos (Alejandro Toledo y Ollanta Humala) recibieron prisión preventiva, y los otros dos (Pedro Pablo Kuzcynski y Alan García) cuentan con impedimento de salida del país como medida preventiva. Además, las investigaciones han alcanzado a los líderes políticos beneficiados durante las campañas electorales, acusados del delito de lavado de activos, tal es el caso de César Acuña y Keiko Fujimori, esta última con prisión preventiva por este caso. También se han incluido en las investigaciones a exautoridades ediles y provinciales, como los exalcaldes de Lima (Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio) y diversos gobernadores regionales.

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa cuenta con impedimento de salida del país, y está en trámite su futura prisión preventiva, por ser uno de los presidentes con mayores beneficios de Odebrecht, al haber forjado durante su mandato una alianza sólida con los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil al pertenecer a la misma ala ideológica.

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández enfrenta la justicia con el mismo rigor que en Perú y Ecuador. Las investigaciones siguen abiertas pero las medidas drásticas han incluido el allanamiento de sus propiedades, y pese a que cuenta con inmunidad por ser senadora, hay voces que hacen inferencia que pronto podría hacerse la solicitud de prisión preventiva para la expresidenta. Además, muchos funcionarios que han trabajado en su gobierno y en el de su esposo, Ernesto Kirchner, han sido apresados o cuentan con medidas como impedimento de salida del país o medidas cautelares diversas.

En Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay, las investigaciones han golpeado a funcionarios claves, aunque sin afectar de forma directa a los expresidentes o líderes de las principales entidades de gobierno. Las acciones siguen siendo tenues a pesar del impacto que tuvo Odebrecht y Lava Jato en sus países.

En Bolivia y Venezuela, el caso es un tema tabú, para estos países el caso Odebrecht al mantener en el gobierno a los que, en las hipótesis judiciales, fueron los mayores beneficiados de la región y mantienen injerencia sobre el sistema judicial de sus países.

En resumen, el caso Odebrecht desnudó la corrupción que se mantenía velada en toda la región, una corrupción que explica el subdesarrollo que aún ataca a nuestras sociedades, pero, sobre todo, a qué la administración del poder sigue siendo ineficiente y caótica. Además, lo lamentable no es que los funcionarios públicos elegidos por voto popular hayan traicionado la confianza de sus electores de esta manera, sino que los electores continúan, en muchos casos, valorando la ejecución de obras visibles (carreteras, aeropuertos, hospitales, etc.) por encima de los aspectos éticos. Tal fue el caso del lema de campaña de Luis Castañeda para la alcaldía de Lima en el 2014, “Roba, pero hace obra”, con el que fue electo por más del 50% del electorado.

Deberíamos esperar que estos casos nos enseñen a ser más juiciosos en nuestras elecciones para los cargos públicos más relevantes de nuestros países, a qué valoremos los aspectos técnicos, la capacidad de gobernabilidad y ejecución, pero sobre todo los criterios éticos que tenga el futuro funcionario. El momento en el que interioricemos que con corrupción nuestras sociedades seguirán estando atrasadas y sin lograr el ansiado desarrollo humano que queremos, ese será el momento en el que nuestra región latinoamericana empiece a dar el giro de 180 grados que tanto necesita.