El terremoto Odebrecht

Desde hace varios años atrás, el destape de los casos de corrupción cometidos por Odebrecht y Lava Jato han remecido no sólo a la arena política de Brasil, también a los principales países de América Latina que por décadas recibieron el apoyo empresarial de estas organizaciones para el desarrollo de sus obras públicas.

Estos casos nos han dado la oportunidad de toparnos con una triste realidad, América Latina sigue siendo un compendio de países dónde la corrupción campea, dónde ser político es necesariamente sinónimo de delincuencia de cuello blanco, y difícilmente los que deberían trabajar al servicio del Estado realmente lo hacen. Cada país tiene su propio drama, unos más que otros, pero todos igual de críticos y lamentables.

Lula y Dilma en Brasil fueron los principales artífices y beneficiados de toda esta red de corrupción armada para beneficiarse personalmente, a costa de favorecer en las licitaciones de obras públicas a estas dos empresas. A ellos, se les suma las diversas investigaciones por los malos manejos de empresas públicas como Petrobras y Braskem. Por estos motivos, Brasil ha tomado liderazgo en cuanto a las investigaciones sobre estos casos, y ha logrado encarcelar al expresidente brasileño, así como el impeachment hacia Dilma por la incapacidad moral que representa.

En Colombia, México, Panamá, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay, y Perú, los casos han involucrado a expresidentes, parlamentarios, funcionarios públicos y agentes privados, todos confabulando para obtener beneficios personales a costas de las necesidades de todos estos países. La estrategia de utilizar la famosa “Caja 2” administrada por la Unidad de “Operaciones Estructuradas” de la empresa Odebretch para realizar los pagos ilícitos, dan cuenta el nivel de institucionalización de la corrupción en esta compañía y del afincamiento que esta ha tenido en los aparatos estatales.

Estos niveles de institucionalización del delito han hecho que para las investigaciones judiciales sea cada vez más difícil rastrear el origen ilícito de los pagos percibidos por estos funcionarios, ya que la cadena de pagos se hizo de forma tan compleja, cómo lo hace cualquier organización criminal, que ha servido para despistar a la justicia.

Pero, lo más resaltante es analizar ¿qué están haciendo los países ahora que ya se conoce todo este caso? En algunos llama la atención la inadvertida concentración que le han puesto a este gravísimo tema. Por ejemplo, en México han congelado el caso por cinco años, momento desde el cual se retomarán las investigaciones. Dichas investigaciones preliminares congeladas incluyen cómo principales sospechosos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a los Jefes de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (actual Presidente Electo de México) y Miguel Ángel Mancera, además de un ciento de Secretarios, gobernadores, ex jefes delegacionales, diputados, senadores y demás funcionarios públicos. Este caso es lamentable, siendo México uno de los principales países de la región con un elevado índice de corrupción estatal.

Sin embargo, no todo está perdido existen países de la región que han puesto en marcha las investigaciones sobre este caso, y ya ha habido acciones concretas con resultados cada vez más precisos y certeros en el proceso judicial. 

En Perú, independientemente del caso de Alberto Fujimori que ha pasado a la historia como el primer Presidente del Perú sentenciado a prisión efectiva, los demás expresidentes vivos siguen enfrentando a la justicia. Dos de ellos (Alejandro Toledo y Ollanta Humala) recibieron prisión preventiva, y los otros dos (Pedro Pablo Kuzcynski y Alan García) cuentan con impedimento de salida del país como medida preventiva. Además, las investigaciones han alcanzado a los líderes políticos beneficiados durante las campañas electorales, acusados del delito de lavado de activos, tal es el caso de César Acuña y Keiko Fujimori, esta última con prisión preventiva por este caso. También se han incluido en las investigaciones a exautoridades ediles y provinciales, como los exalcaldes de Lima (Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio) y diversos gobernadores regionales.

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa cuenta con impedimento de salida del país, y está en trámite su futura prisión preventiva, por ser uno de los presidentes con mayores beneficios de Odebrecht, al haber forjado durante su mandato una alianza sólida con los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil al pertenecer a la misma ala ideológica.

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández enfrenta la justicia con el mismo rigor que en Perú y Ecuador. Las investigaciones siguen abiertas pero las medidas drásticas han incluido el allanamiento de sus propiedades, y pese a que cuenta con inmunidad por ser senadora, hay voces que hacen inferencia que pronto podría hacerse la solicitud de prisión preventiva para la expresidenta. Además, muchos funcionarios que han trabajado en su gobierno y en el de su esposo, Ernesto Kirchner, han sido apresados o cuentan con medidas como impedimento de salida del país o medidas cautelares diversas.

En Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay, las investigaciones han golpeado a funcionarios claves, aunque sin afectar de forma directa a los expresidentes o líderes de las principales entidades de gobierno. Las acciones siguen siendo tenues a pesar del impacto que tuvo Odebrecht y Lava Jato en sus países.

En Bolivia y Venezuela, el caso es un tema tabú, para estos países el caso Odebrecht al mantener en el gobierno a los que, en las hipótesis judiciales, fueron los mayores beneficiados de la región y mantienen injerencia sobre el sistema judicial de sus países.

En resumen, el caso Odebrecht desnudó la corrupción que se mantenía velada en toda la región, una corrupción que explica el subdesarrollo que aún ataca a nuestras sociedades, pero, sobre todo, a qué la administración del poder sigue siendo ineficiente y caótica. Además, lo lamentable no es que los funcionarios públicos elegidos por voto popular hayan traicionado la confianza de sus electores de esta manera, sino que los electores continúan, en muchos casos, valorando la ejecución de obras visibles (carreteras, aeropuertos, hospitales, etc.) por encima de los aspectos éticos. Tal fue el caso del lema de campaña de Luis Castañeda para la alcaldía de Lima en el 2014, “Roba, pero hace obra”, con el que fue electo por más del 50% del electorado.

Deberíamos esperar que estos casos nos enseñen a ser más juiciosos en nuestras elecciones para los cargos públicos más relevantes de nuestros países, a qué valoremos los aspectos técnicos, la capacidad de gobernabilidad y ejecución, pero sobre todo los criterios éticos que tenga el futuro funcionario. El momento en el que interioricemos que con corrupción nuestras sociedades seguirán estando atrasadas y sin lograr el ansiado desarrollo humano que queremos, ese será el momento en el que nuestra región latinoamericana empiece a dar el giro de 180 grados que tanto necesita.