Bienvenidos a la Cuarta Transformación

A partir del 01 de diciembre, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) empezará oficialmente sus funciones. Si bien desde el 01 de julio en que fue elegido el próximo Presidente de México, estos seis meses sólo han servido para dar a conocer la perspectiva del futuro sexenio en el país.

Es evidente que la elección de López Obrador recogió el descontento de un gran sector de la población con la eterna hegemonía del PRI, de centro izquierda, como partido de gobierno, y de una alternancia con el PAN, de centro derecha (en el periodo 2000 al 2012), que no caló con la población. Los principales caballitos de batalla de AMLO fueron la lucha contra la corrupción y la mejora en las políticas públicas en favor del sector más pobre del país, con ciertos visos de progresismo que atrapó a más de la mitad del electorado mexicano.

Lejos quedaron los competidores de López Obrador en la elección del 01 de julio, con lo que este resultado consolidó y dio una fuerte legitimidad a su elección. El mercado y los sectores más conservadores entraron en pánico por la incertidumbre que su planteamiento de política económica traía consigo. Luego del 01 de julio, muchos inversionistas, y diversos sectores del país estuvieron concentrados en captar las señales de lo que sería la nueva administración en México.

En este sentido, las primeras señales fueron de diálogo y conciliación con la saliente administración de Enrique Peña Nieto (del PRI), aspecto que dejó un poco desconcertados a muchos de sus votantes, ya que la lucha contra su alicaída gestión había sido uno de los puntos críticos dentro de sus propuestas. Pero para los mercados fue una buena señal que, a diferencia de sus propuestas, se sentían aires de continuismo en el aspecto macroeconómico del país.

No obstante, el Presidente Electo de México empezó dar señales confusas como las consultas ciudadanas. En su afán de demostrar que la gente tiene poder sobre el país, instauró diversos procesos de consulta ciudadana para decidir sobre proyectos de inversión pública de gran envergadura para el país, o decisiones ejecutivas críticas, que pusieron en tela de juicio la seriedad de sus planteamientos. Un tufillo a populismo se empezó a asomar sobre la siguiente gestión que viene, y no precisamente avizorando cambios positivos, la cuarta transformación da luces de ser una degradación del país.

En el ámbito económico, las cifras de sus perspectivas de financiamiento para las propuestas de políticas públicas que plantea, no cuadran. Las prácticas de consulta ciudadana para tomar decisiones sobre proyectos de inversión pública, en el que los criterios técnicos son relevantes, han despertado incertidumbre sobre los inversionistas extranjeros y los potenciales riesgos que enfrentarían. Y, las presiones inflacionarias y del peso mexicano empiezan a comportarse en respuesta a esta incertidumbre. 

En lo social, es evidente que este será un aspecto que promocionará constantemente el equipo de MORENA. Este será el principal driver para vender su gestión como la mejor de los últimos tiempos, esto ya que lo social es lo más visible ante los ojos de la población, aunque ello implique costos económicos y financieros que nadie mirará o minimizará. En este sentido, será común los programas y políticas sociales que sean políticamente populares, aunque no tengan la suficiente sustentabilidad técnica ni económica.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, el motivo principal por el que votaron los mexicanos, es evidente que no avanzará mucho en esta materia y es que López Obrador no solo es el Presidente Electo de México, sino que anteriormente ha sido Jefe Delegacional de la Ciudad de México. Por ello, es claro que parte de la transferencia entre el PRI y MORENA ha sido negociar el tratamiento a los casos de corrupción que se están investigando o se pretendían investigar desde ambos bandos. La reciente postura del “borrón y cuenta nueva” anunciada por AMLO respecto a los funcionarios corruptos de gestiones anteriores, así lo demuestran. En el extremo, para dar muestras de la lucha contra la corrupción, la persecución será contra los casos abiertos del PAN (partido de centro-derecha), considerando las fuertes diferencias que separan a ambos bandos.

Esta situación no es nueva para América Latina, aunque quizá sí lo sea para México. Diversos países latinoamericanos ya han tenido gobiernos dónde lo primordial del ejecutivo es ganar popularidad política a costa de la salud económica y financiera del país, donde no se escatima en ello con tal de dejar una imagen positiva frente a la población. No es difícil pensar que esto va a ser así, tomando en cuenta los desastrosos resultados de su gestión como Jefe de la Ciudad de México. Durante este periodo, López Obrador obtuvo un respaldo gigante, por parte de los capitalinos, por las diversas obras de corte social y urbanístico que mejoraron la cara de la ciudad, pero lo que costó dejó casi en ruinas a la Ciudad de México, aunque muchos no lo vieron y no les interesó en absoluto. Lo mismo sucede hoy con las Consultas Ciudadanas, ejercicios que se publicitan como el mecanismo “democrático” (a pesar de no tener ni un control electoral) para que el pueblo decida sobre sus proyectos, aun cuando se sabe que esto puede atentar contra la sustentabilidad técnica de los mismos y el costo a asumir por el país sea exponencialmente mayor.

En la región hay ejemplos vivos de esta forma de gobernar, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Alan García en el Perú, Lula Da Silva en Brasil, entre otros. Todos con resultados que no necesariamente llevaron a una crisis estrepitosa al país, pero al menos estancaron el crecimiento económico y afectar diversos factores macroeconómicos del país a costa de buscar una mayor aceptación popular.

Esta situación es lamentable para México, en un contexto dónde necesita despegar, y reactivar diversos zonas productivas y comerciales del país, dónde es necesario sanear las cuentas públicas y ser más austeros para tener un reinicio de gestión mucho más adecuado que le permita tener holgura de maniobra. Lamentablemente, este tipo de gobiernos no se fijan en ello y sólo buscan agraciar a la población. Hoy, más del 60% aprueba la gestión de AMLO como Presidente Electo gracias a las consultas ciudadanas, qué pese a carecer de todo sentido técnico han sido aceptadas por el grueso de la población como una acción del “gobierno del pueblo”.

Serán seis años de idas y vueltas, de avances y retrocesos constantes, de incertidumbre para el mercado, el inversionista y el empleado formal. Será un sexenio de inflación, de tipo de cambio volátil y de una serie de locuras políticas que solo buscarán afianzar la imagen de López Obrador como la “Esperanza de México”, aunque en realidad se esté forjando la figura del nuevo Verdugo de México.

¿Democracia o Populismo?

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se convirtió en un punto de conflicto durante la campaña electoral presidencial del 2018, y rápidamente se utilizó como arma política para poder ganar votos en esa contienda. Pese a los avances en la construcción de la obra, durante el proceso electoral, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteaba la cancelación del proyecto y analizar un cambio en la ubicación del futuro aeropuerto, debido a los problemas medioambientales que ese generaría sobre el lago de Texcoco.

Esta postura de AMLO, que en su momento era el favorito para ganar la elección, era la preocupación constante de los inversionistas y del mercado sobre su posible elección como Presidente de México. El 01 de julio de 2019, AMLO fue elegido abrumadoramente como futuro mandatario para el sexenio 2018-2024, y la reacción del mercado fue a la baja, y la percepción de riesgo sobre el país se disparó inmediatamente. Este nerviosismo fue calmado por el propio AMLO con un discurso más conciliador, de menos confrontación y con una tónica de continuidad en materia de política económica.

Sin embargo, esta postura le empezó a restar popularidad frente a los que lo eligieron, a pesar que aún no asume la presidencia de manera oficial. En este sentido, AMLO decidió tomar uno de los temas más álgidos de la campaña para levantar esa popularidad, este era el conflicto sobre la construcción del NAIM. Para tal fin, y en claro populismo, AMLO propuso y se convocó a una consulta ciudadana sobre si se debería mantener la construcción del NAIM en Texcoco o cambiarlo de ubicación hacia Santa Lucía, zona ubicada a 42 kilómetros de la Ciudad de México, donde existe una base aérea militar que serviría de base para su construcción.

La consulta organizada de manera informal sin la participación del ente electoral oficial de México, sin controles para evitar el sufragio múltiple por el mismo votante, sin criterios básicos de selección de votantes, y sobre un proyecto de inversión pública con alto componente técnico, ponían de manifiesto que la iniciativa del futuro presidente no era más que un acto de populismo puro. 

Dicha consulta arrojó como resultado que el aeropuerto debía ser construido en Santa Lucía y ya no en Texcoco. En ese sentido, López Obrador respondió que se respetaría dicho resultado y que el proyecto de Texcoco quedaba cancelado.

Los efectos inmediatos fueron la desconfianza del mercado y la incertidumbre empresarial ante el discurso claramente populista de AMLO. El peso mexicano perdió valor de manera estrepitosa, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores perdió valor de manera abrupta, la clasificación de la deuda del Aeropuerto Internacional de México tuvo una fuerte degradación hasta quedar cerca del nivel de basura, el riesgo país de México se incrementó y se ubicó por encima (es decir, con más riesgo) que Colombia y Perú, y puso en riesgo la clasificación de deuda soberana del país.

Esta respuesta del mercado fue por el temor que generó el mensaje del presidente electo, ya que reafirmó que las políticas populistas serán pan de cada día en el sexenio venidero bajo las banderas de “democracia” y “lucha contra la corrupción”. Ambas serán las armas políticas que se utilizarán como excusas perfectas para implantar políticas populistas que tanto dañan las cuentas fiscales del país, y que resquebrajan el marco de estabilidad jurídica generando incertidumbre en los inversionistas, quienes reducirán su horizonte de inversión en el país, inclusive podrían cerrar operaciones, afectando seriamente la producción del país y la generación de empleo.

Pero ¿Realmente esta consulta es una muestra del cambio hacia un esquema más democrático y transparente que AMLO tanto profesa? La respuesta es No. Definitivamente ejercicios cómo el de esta consulta sólo nos muestran lo peor de una sociedad que necesita reformarse desde sus entrañas para lograr la senda de desarrollo.

Al convocar esta consulta antes de que asuma la presidencia, AMLO nos muestra que el liderazgo del país está en manos de quién tiene desesperación absoluta por ocupar el poder lo antes posible, y no espera a hacer las cosas cómo se deben hacer dentro del marco de la legalidad y del respeto a los procedimientos establecidos, sino que prefiere hacerlo a su modo, al fiel estilo burdo e informal. Así mismo, también es una muestra clara que López Obrador está dispuesto a dar lo que la sociedad reclama, sin ponerse a evaluar si esto afectará al país en el mediano y/o largo plazo, con tal de no perder popularidad entre la población.

Es importante que los mexicanos entiendan que Democracia y Lucha contra la corrupción no es populismo, ese que se utiliza para diseñar programas asistencialistas y acostumbrar a la gente a recibir dinero o bienes del Estado sin hacer el mínimo esfuerzo. Democracia no es someter aspectos técnicos hacia el escrutinio de la población, quiénes mayoritariamente no cuentan con esos criterios técnicos para tomar decisiones de política. Lucha contra la corrupción no es poner bajo la decisión popular, algún proyecto de infraestructura que va más allá de elegir si te parece bien o no, sino de qué tan viable es o no hacer alguna obra.

Mirando hacia el futuro y tomando en cuenta este evento, ¿Qué le espera a México? La respuesta admite demasiadas especulaciones, pero debido a las actitudes adoptada por los futuros líderes del siguiente sexenio, se puede inferir que las decisiones y políticas propuestas serán ejecutadas en función a qué tan popular es la medida entre la población sin interesar los criterios técnicos, ni los impactos financieros y económicos. Con esto, hoy la incertidumbre de los inversionistas está más que justificada.

Todo esto no es más que un reflejo de la sociedad en que vivimos. Nuestro día a día está lleno de decisiones que se toman si meditación alguna, de proyectos o actividades que no se realizan de la manera correcta sino de la forma cómo a cada quién le viene en gana, sin interesarles si afectan los derechos de terceros. Lo vemos diariamente en los puestos de comida que invaden las calles, los múltiples estacionamientos improvisados, en los diversos taxis informales que se hacen pasar por formales, es decir, en sacarle la vuelta a las leyes con tal de obtener un beneficio propio. Toda esta informalidad es la que está absolutamente reflejada en la figura del Presidente Electo y es la que va a gobernar en los siguientes seis años.

Es evidente que por más que México sea la segunda economía más importante de América Latina, después de Brasil, aún está muy lejos de la senda del desarrollo, que va más allá de luchar contra la corrupción o de un sostenido crecimiento económico. El desarrollo está en la búsqueda de que toda la población tenga un cambio idiosincrático abrupto, dónde todas las acciones se realicen cómo realmente deben hacerse con respeto y responsabilidad, y no cómo se nos plazca buscando sólo el beneficio propio sin respetar nada ni a nadie. Un largo camino nos espera para este cambio, pero sólo así es cómo se empezará a tener líderes que reflejen una sociedad cada vez mejor.

La politización del Sistema Judicial Peruano

La situación política del país cambia todos los días, a consecuencia del escándalo de corrupción que afecta al Sistema Judicial, y de la lucha que se ha desatado desde el Poder Ejecutivo y la Sociedad Civil frente a estos denigrantes hechos.

Después de los infames audios entre el entonces magistrado Hinostroza Pariachi, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), diversos jueces, fiscales, políticos, empresarios, deportistas y demás funcionarios y trabajadores de la administración pública, se destapó toda la podredumbre del aparato judicial en el Perú, y fue la excusa perfecta para cumplir uno de los objetivos del reciente gobierno entrante de Martín Vizcarra, la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, una pregunta latente luego de conocer el estado actual del aparato judicial es ¿Qué tan politizado y criminalizado se encuentra el Sistema Judicial Peruano? Para responder a esta pregunta hay que remontarnos a la década de los 80, momento en el que el aprismo empezó una labor de insertarse en el Poder Judicial de manera progresiva.

Con la llegada de Fernando Belaúnde a la presidencia en 1980, el parlamento tenía una fuerte presencia de apristas, tanto en la cámara de diputados como de senadores, quienes se encargaron de nombrar personas claves en los poderes del estado autónomos, vinculados con el aparato judicial (Poder Judicial, Fiscalía, entre otros), y que a su vez contrataban personas del partido aprista para los mandos medios de estas instituciones.

Para 1985, el APRA gana por primera vez la Presidencia de la República, y Alan García se convierte en el presidente más joven de la historia del Perú. Con su llegada a la presidencia, el copamiento de militantes apristas en el aparato estatal fue inminente, y las instituciones del sistema judicial no fueron la excepción. El Poder Judicial, el Ministerio Público, y demás instituciones, fueron plagados de apristas a todo nivel, desde las bases hasta las cabezas de dichas instituciones. Ese quinquenio, aquel Poder del Estado que debe mantener autonomía respecto del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, perdió dicho atributo y se sometió a los mandatos del gobierno de García. Este hecho, en años posteriores, marcarían un hito en la politización del Sistema Judicial, útil para el encubrimiento de las múltiples acusaciones contra García y la cúpula del partido aprista, así como arma política por excelencia del Partido Aprista Peruano.

Y es así que con la llegada de los 90, Alberto Fujimori se convierte en Presidente de la República, y la persecución por las múltiples acusaciones contra García eran pan de cada día, sin embargo, éste se había exiliado en París y posteriormente en Bogotá hasta el 2001. Pese a ello, jamás se inició ni un proceso de extradición o expulsión de estos países, y García pudo vivir tranquilamente fuera del país por más de una década. Este “beneficio” fue una de las primeras muestras que el aparato judicial tenía la balanza a favor del APRA.

Durante el gobierno fujimorista, Alberto Fujimori logró cubrir los puestos claves del Sistema Judicial con personas aliadas a él, cubriendo de esta manera la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Pese a estos esfuerzos de repetir la historia aprista, Fujimori nunca logró enquistar partidarios afines a su gobierno en la estructura completa del aparato judicial, y sólo logró cubrir las cabezas de estas instituciones.

Esta estrategia fue muy útil mientras Fujimori estaba en el gobierno, sin embargo, fue contraproducente para él y los funcionarios del gobierno fujimorista, una vez que dejaron de gobernar. Esto, ya que una vez que Fujimori renunció a la presidencia, las cabezas de estas instituciones fueron destituidas y encarceladas.

Luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el 2001, García regresó al país y sus acusaciones prescribieron y/o fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Pese a las evidencias del desastre económico, político y social que había dejado en 1990, de los actos de corrupción, de las acciones inconstitucionales (como el caso de la Estatización del Banca) y de acusaciones por delitos de lesa humanidad (como el caso del escuadrón paramilitar Rodrigo Franco), la justicia peruana no encontró culpabilidad en García, y en la mayoría de casos, en los que no prescribió la acusación, se declaró que no había pruebas suficientes para mostrar culpabilidad. Este acto escandaloso de impunidad fue otra muestra que García y el APRA contaban con el Poder Judicial cómo aliado y arma política.

Este blindaje hacia García le permitió postular a la Presidencia en el año 2001, sin éxito, y luego en el 2006, y así convertirse nuevamente en Presidente de la República.

Por otro lado, Fujimori fue perseguido judicialmente, capturado y extraditado de Chile en el 2005, claramente la justicia no jugó a favor del expresidente, ya que la estrategia de copamiento fue débil y no perduró en el tiempo. Como consecuencia, Fujimori terminó preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Durante el segundo gobierno aprista, la alianza implícita que se formó entre el APRA y el fujimorismo, en ese entonces liderado por Keiko Fujimori como la congresista más votada, se hizo más fuerte.  Esto, permitió que Keiko empezará a forjar un nuevo legado fujimorista sobre bases similares a lo que construyó el aprismo en su momento.

En ese sentido, la lideresa del fujimorismo optó por empezar a construir una estrategia similar a la de García, empero en este camino se encontró con un obstáculo, los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Estos revelaron los errores en esta estrategia, y Keiko quedó al descubierto de toda la maraña que estaba en proceso de construcción. 

Esta crisis del Sistema Judicial ha permitido desnudar décadas de corrupción que ha invadido el Poder Judicial y el Ministerio Público. Una triste realidad que no sólo ha beneficiado a los autores de estas estrategias, sino que además afectó a muchos inocentes, tanto víctimas sin justicia como sentenciados de forma injusta. 

Ergo, el liderazgo del ejecutivo y de un sector importante de la sociedad civil, está ejerciendo presión para poder limpiar este poder del estado y realmente ejercer la justicia que nunca debió dejar de proveerse.

Esta lucha se muestra verdadera y da señales que avanza a pasos agigantados en cortos periodos de tiempo. Cómo toda lucha, se esperaba ataques del enemigo, y tal cuál es lo que ha ido sucediendo desde que se destapó todo este escándalo. Ataques que se basan en el ejercicio del poder desde el legislativo y de las alianzas formadas con las redes oscuras del poder judicial en el país, aún no descubiertas.

Queda mucho pan por rebanar, pero a pesar del ruido político que ha despertado este caso, a nivel internacional el país está siendo reconocido por tomar el liderazgo en la lucha frontal contra la corrupción. Esta lucha es dura y cruenta en las arenas políticas, pero necesaria para lograr mejores niveles de desarrollo que el país tanto necesita.