Chinchero: Mas allá del problema político

El aeropuerto de Chinchero en Cusco ha sido una obra que por muchas décadas el pueblo cusqueño, al sur de Perú, ha esperado para promover el mayor dinamismo económico en esta ciudad peruana. Con un fuerte incremento de la afluencia turística en Cusco debido a la mayor popularidad de Machu Picchu, luego de haber sido declarado como una de las siete maravillas del mundo, la capacidad instalada del actual aeropuerto del Cusco ha quedado bastante limitada, por lo que el aeropuerto de Chinchero era una urgencia para no afectar al sector turístico del país que ha venido cuesta arriba en los últimos años.

La ejecución de esta importante obra de infraestructura pública en el Perú desató un escándalo político en Perú por supuestos sobrecostos y corrupción de funcionarios por la designación inadecuada de la empresa encargada (Andino Investment Holding - AIH) de la licitación para la construcción de la gigante obra. Esta crisis política llevó a que el actual presidente peruano Martín Vizcarra, quién en ese entonces era Ministro de Transportes y Comunicaciones, se vio en la necesidad de renunciar a su cargo.

Pero, dos años antes del escándalo político en Perú, el Bank of New York Mellon analizó una transferencia que se realizó en febrero del 2015, por USD 98,000. Como consecuencia puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América – el grupo económico que lidera Eduardo Eurnekian – y a su socia peruana para el aeropuerto de Chichero en Cusco, Andina Investment Holding (AIH).

En junio del 2015, el banco neoyorquino envió un reporte de operaciones sospechosas al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) - organismo de Prevención de Lavado de Activos de Estados Unidos – con un detalle de 3,239 transferencias. Entre ellas se encontraba la transferencia por USD 98,000 que terminó en una cuenta de la financiera uruguaya Columbusnet S.A. en las Islas Caimán.

Sin embargo, dicha transferencia no salió de las cuentas de Corporación América ni de su socia AIH sino por cuenta y orden de una subsidiaria peruana de ese consorcio llamada Proyecta & Construye S.A.

La sociedad entre Corporación América y AIH nació en el 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En el 2004, durante el gobierno de Ollanta Humala conformaron el consorcio “Kuntur Wasi” y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco bajo la modalidad público-privada.

Corporación América y AIH fundaron una subsidiaria, Proyecta & Construye S.A., a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos. En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto de Chinchero. Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.

Giuliana Cavassa, Gerente de Asuntos Institucionales de Andino Investment Holding, y voceros de la Corporación América defendieron la legalidad de la transacción indicando que esa operación, señalada por FinCEN como sospechosa, fue por el “pago de unas facturas a Estudio GF S.A.”, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED.

Estudio GF S.A. es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. Tomando eso como base, ¿Porqué se usó la cuenta de Columbusnet S.A. en Islas Caimán para realizar esos pagos? De acuerdo con Cavassa, se hizo así porque “probablemente el proveedor lo solicitó de esa forma”. Cavassa ha insistido en que no tienen cuentas en Islas Caimán y no conocer a la financiera Columbusnet S.A. Pese a ello, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF S.A. aseguró que “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”. Si, según Estudio GF S.A., ellos no cobraron nada, ¿Quién le pidió hacer la transferencia a AIH a las cuentas de Columbusnet S.A. y por qué motivo?

AIH asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF S.A., con fecha 09 de enero del 2015, con el concepto: “Certificado N°1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera factura fue por USD 71,925.76, y la segunda factura fue por USD 26,160 (sumando un total de USD 98,085.76). El titular de Columbusnet S.A., Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar a sus clientes y las actuaciones que se estén realizando”.

Mientras tanto, en Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Chinchero-Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de la República del Perú, la adenda podría perjudicar el tesoro público al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado Peruano y un presunto perjuicio de unos USD 40 millones.

Además de ello, el replanteó contractual implicó el retraso del inició de la obra y posteriormente la suspensión del contrato ante los señalamientos de sospechas de corrupción y lavado de activos. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado Peruano.

En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del caso “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye S.A., y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.

Corporación América, por su lado, rechazaron esta hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. Agregaron que “las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales, etc.).

En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era "lesiva" para el Estado Peruano porque establecía que el país "asumía el riesgo por financiación de la obra", algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.

La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y sobre el perjuicio de la adenda contra el Estado Peruano. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra (USD 265 millones) y que la adenda "solo cambió el mecanismo de financiamiento".

Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato.

En Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció a Corporación América en el 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato "permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto".

A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que "no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana".

La politización del Sistema Judicial Peruano

La situación política del país cambia todos los días, a consecuencia del escándalo de corrupción que afecta al Sistema Judicial, y de la lucha que se ha desatado desde el Poder Ejecutivo y la Sociedad Civil frente a estos denigrantes hechos.

Después de los infames audios entre el entonces magistrado Hinostroza Pariachi, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), diversos jueces, fiscales, políticos, empresarios, deportistas y demás funcionarios y trabajadores de la administración pública, se destapó toda la podredumbre del aparato judicial en el Perú, y fue la excusa perfecta para cumplir uno de los objetivos del reciente gobierno entrante de Martín Vizcarra, la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, una pregunta latente luego de conocer el estado actual del aparato judicial es ¿Qué tan politizado y criminalizado se encuentra el Sistema Judicial Peruano? Para responder a esta pregunta hay que remontarnos a la década de los 80, momento en el que el aprismo empezó una labor de insertarse en el Poder Judicial de manera progresiva.

Con la llegada de Fernando Belaúnde a la presidencia en 1980, el parlamento tenía una fuerte presencia de apristas, tanto en la cámara de diputados como de senadores, quienes se encargaron de nombrar personas claves en los poderes del estado autónomos, vinculados con el aparato judicial (Poder Judicial, Fiscalía, entre otros), y que a su vez contrataban personas del partido aprista para los mandos medios de estas instituciones.

Para 1985, el APRA gana por primera vez la Presidencia de la República, y Alan García se convierte en el presidente más joven de la historia del Perú. Con su llegada a la presidencia, el copamiento de militantes apristas en el aparato estatal fue inminente, y las instituciones del sistema judicial no fueron la excepción. El Poder Judicial, el Ministerio Público, y demás instituciones, fueron plagados de apristas a todo nivel, desde las bases hasta las cabezas de dichas instituciones. Ese quinquenio, aquel Poder del Estado que debe mantener autonomía respecto del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, perdió dicho atributo y se sometió a los mandatos del gobierno de García. Este hecho, en años posteriores, marcarían un hito en la politización del Sistema Judicial, útil para el encubrimiento de las múltiples acusaciones contra García y la cúpula del partido aprista, así como arma política por excelencia del Partido Aprista Peruano.

Y es así que con la llegada de los 90, Alberto Fujimori se convierte en Presidente de la República, y la persecución por las múltiples acusaciones contra García eran pan de cada día, sin embargo, éste se había exiliado en París y posteriormente en Bogotá hasta el 2001. Pese a ello, jamás se inició ni un proceso de extradición o expulsión de estos países, y García pudo vivir tranquilamente fuera del país por más de una década. Este “beneficio” fue una de las primeras muestras que el aparato judicial tenía la balanza a favor del APRA.

Durante el gobierno fujimorista, Alberto Fujimori logró cubrir los puestos claves del Sistema Judicial con personas aliadas a él, cubriendo de esta manera la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Pese a estos esfuerzos de repetir la historia aprista, Fujimori nunca logró enquistar partidarios afines a su gobierno en la estructura completa del aparato judicial, y sólo logró cubrir las cabezas de estas instituciones.

Esta estrategia fue muy útil mientras Fujimori estaba en el gobierno, sin embargo, fue contraproducente para él y los funcionarios del gobierno fujimorista, una vez que dejaron de gobernar. Esto, ya que una vez que Fujimori renunció a la presidencia, las cabezas de estas instituciones fueron destituidas y encarceladas.

Luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el 2001, García regresó al país y sus acusaciones prescribieron y/o fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Pese a las evidencias del desastre económico, político y social que había dejado en 1990, de los actos de corrupción, de las acciones inconstitucionales (como el caso de la Estatización del Banca) y de acusaciones por delitos de lesa humanidad (como el caso del escuadrón paramilitar Rodrigo Franco), la justicia peruana no encontró culpabilidad en García, y en la mayoría de casos, en los que no prescribió la acusación, se declaró que no había pruebas suficientes para mostrar culpabilidad. Este acto escandaloso de impunidad fue otra muestra que García y el APRA contaban con el Poder Judicial cómo aliado y arma política.

Este blindaje hacia García le permitió postular a la Presidencia en el año 2001, sin éxito, y luego en el 2006, y así convertirse nuevamente en Presidente de la República.

Por otro lado, Fujimori fue perseguido judicialmente, capturado y extraditado de Chile en el 2005, claramente la justicia no jugó a favor del expresidente, ya que la estrategia de copamiento fue débil y no perduró en el tiempo. Como consecuencia, Fujimori terminó preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Durante el segundo gobierno aprista, la alianza implícita que se formó entre el APRA y el fujimorismo, en ese entonces liderado por Keiko Fujimori como la congresista más votada, se hizo más fuerte.  Esto, permitió que Keiko empezará a forjar un nuevo legado fujimorista sobre bases similares a lo que construyó el aprismo en su momento.

En ese sentido, la lideresa del fujimorismo optó por empezar a construir una estrategia similar a la de García, empero en este camino se encontró con un obstáculo, los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Estos revelaron los errores en esta estrategia, y Keiko quedó al descubierto de toda la maraña que estaba en proceso de construcción. 

Esta crisis del Sistema Judicial ha permitido desnudar décadas de corrupción que ha invadido el Poder Judicial y el Ministerio Público. Una triste realidad que no sólo ha beneficiado a los autores de estas estrategias, sino que además afectó a muchos inocentes, tanto víctimas sin justicia como sentenciados de forma injusta. 

Ergo, el liderazgo del ejecutivo y de un sector importante de la sociedad civil, está ejerciendo presión para poder limpiar este poder del estado y realmente ejercer la justicia que nunca debió dejar de proveerse.

Esta lucha se muestra verdadera y da señales que avanza a pasos agigantados en cortos periodos de tiempo. Cómo toda lucha, se esperaba ataques del enemigo, y tal cuál es lo que ha ido sucediendo desde que se destapó todo este escándalo. Ataques que se basan en el ejercicio del poder desde el legislativo y de las alianzas formadas con las redes oscuras del poder judicial en el país, aún no descubiertas.

Queda mucho pan por rebanar, pero a pesar del ruido político que ha despertado este caso, a nivel internacional el país está siendo reconocido por tomar el liderazgo en la lucha frontal contra la corrupción. Esta lucha es dura y cruenta en las arenas políticas, pero necesaria para lograr mejores niveles de desarrollo que el país tanto necesita.