Chinchero: Mas allá del problema político

El aeropuerto de Chinchero en Cusco ha sido una obra que por muchas décadas el pueblo cusqueño, al sur de Perú, ha esperado para promover el mayor dinamismo económico en esta ciudad peruana. Con un fuerte incremento de la afluencia turística en Cusco debido a la mayor popularidad de Machu Picchu, luego de haber sido declarado como una de las siete maravillas del mundo, la capacidad instalada del actual aeropuerto del Cusco ha quedado bastante limitada, por lo que el aeropuerto de Chinchero era una urgencia para no afectar al sector turístico del país que ha venido cuesta arriba en los últimos años.

La ejecución de esta importante obra de infraestructura pública en el Perú desató un escándalo político en Perú por supuestos sobrecostos y corrupción de funcionarios por la designación inadecuada de la empresa encargada (Andino Investment Holding - AIH) de la licitación para la construcción de la gigante obra. Esta crisis política llevó a que el actual presidente peruano Martín Vizcarra, quién en ese entonces era Ministro de Transportes y Comunicaciones, se vio en la necesidad de renunciar a su cargo.

Pero, dos años antes del escándalo político en Perú, el Bank of New York Mellon analizó una transferencia que se realizó en febrero del 2015, por USD 98,000. Como consecuencia puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América – el grupo económico que lidera Eduardo Eurnekian – y a su socia peruana para el aeropuerto de Chichero en Cusco, Andina Investment Holding (AIH).

En junio del 2015, el banco neoyorquino envió un reporte de operaciones sospechosas al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) - organismo de Prevención de Lavado de Activos de Estados Unidos – con un detalle de 3,239 transferencias. Entre ellas se encontraba la transferencia por USD 98,000 que terminó en una cuenta de la financiera uruguaya Columbusnet S.A. en las Islas Caimán.

Sin embargo, dicha transferencia no salió de las cuentas de Corporación América ni de su socia AIH sino por cuenta y orden de una subsidiaria peruana de ese consorcio llamada Proyecta & Construye S.A.

La sociedad entre Corporación América y AIH nació en el 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En el 2004, durante el gobierno de Ollanta Humala conformaron el consorcio “Kuntur Wasi” y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco bajo la modalidad público-privada.

Corporación América y AIH fundaron una subsidiaria, Proyecta & Construye S.A., a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos. En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto de Chinchero. Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.

Giuliana Cavassa, Gerente de Asuntos Institucionales de Andino Investment Holding, y voceros de la Corporación América defendieron la legalidad de la transacción indicando que esa operación, señalada por FinCEN como sospechosa, fue por el “pago de unas facturas a Estudio GF S.A.”, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED.

Estudio GF S.A. es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. Tomando eso como base, ¿Porqué se usó la cuenta de Columbusnet S.A. en Islas Caimán para realizar esos pagos? De acuerdo con Cavassa, se hizo así porque “probablemente el proveedor lo solicitó de esa forma”. Cavassa ha insistido en que no tienen cuentas en Islas Caimán y no conocer a la financiera Columbusnet S.A. Pese a ello, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF S.A. aseguró que “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”. Si, según Estudio GF S.A., ellos no cobraron nada, ¿Quién le pidió hacer la transferencia a AIH a las cuentas de Columbusnet S.A. y por qué motivo?

AIH asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF S.A., con fecha 09 de enero del 2015, con el concepto: “Certificado N°1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera factura fue por USD 71,925.76, y la segunda factura fue por USD 26,160 (sumando un total de USD 98,085.76). El titular de Columbusnet S.A., Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar a sus clientes y las actuaciones que se estén realizando”.

Mientras tanto, en Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Chinchero-Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de la República del Perú, la adenda podría perjudicar el tesoro público al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado Peruano y un presunto perjuicio de unos USD 40 millones.

Además de ello, el replanteó contractual implicó el retraso del inició de la obra y posteriormente la suspensión del contrato ante los señalamientos de sospechas de corrupción y lavado de activos. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado Peruano.

En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del caso “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye S.A., y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.

Corporación América, por su lado, rechazaron esta hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. Agregaron que “las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales, etc.).

En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era "lesiva" para el Estado Peruano porque establecía que el país "asumía el riesgo por financiación de la obra", algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.

La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y sobre el perjuicio de la adenda contra el Estado Peruano. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra (USD 265 millones) y que la adenda "solo cambió el mecanismo de financiamiento".

Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato.

En Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció a Corporación América en el 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato "permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto".

A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que "no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana".

Pandemia Política

La COVID-19, que apenas cuenta con 11 meses desde que se identificó el caso cero en la provincia de Wuhan en China, ha ido mostrándonos, a lo largo del 2020, nuevos indicios sobre su comportamiento, las formas de contagio, su composición, efectos colaterales y potenciales maneras de poder luchar, de forma médica, contra esta nueva cepa de coronavirus.

Lo cierto es que no sólo nos ha ido mostrando aspectos nuevos en materia médica y científica, sino también nos ha mostrado las carencias y debilidades de la sociedad y la política en el mundo. La COVID-19 nos ha remecido contra la realidad que pasa desapercibida en el día a día, o que es utilizada para fines altruistas más que para realmente modificar las bases y estructuras de nuestras sociedades.

Entre los aspectos más crudos que nos ha mostrado la COVID-19 es la fuerte ausencia de infraestructura médica suficiente, tanto que incluso los países más desarrollados han visto a sus sistemas de salud rendirse ante la presencia de este nuevo virus. Las imágenes de los hospitales rebasados en España, Italia, Estados Unidos, entre otros países, ponen al descubierto como la salubridad ha pasado a un segundo plano en las prioridades del mundo. Han pasado mas de 102 años desde la ultima pandemia letal que ha sacudido a todo el mundo, y en todo este tiempo, el desarrollo médico y las políticas de salud publica parecen haber sido insuficientes para contener el avance de la COVID-19. Esto, a pesar de que en los últimos 20 años hemos experimentado epidemias de fuerte impacto como la gripe aviar, la gripe originada por el virus AH1N1, entre otros. Sin embargo, pese a este preludio, los países del mundo liderados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) no han podido trabajar de forma conjunta para tener una mejor preparación en salud pública.

Esta infraestructura de salud insuficiente ha sido más evidente en Latinoamérica dejando atrás a los países africanos. Al corte del 04 de octubre 2020, de los 10 países con mayores incidencias de fallecimientos, 5 son latinoamericanos. 

Pero, no solo la brecha en tecnología e infraestructura en Salud ha sido desnudada sino también las desigualdades sociales y económicas. Países como Brasil, México, Perú, Colombia y Chile nos han mostrado que las décadas de milagro económico en la Alianza del Pacifico han forjado una buena base macroeconómica sustentada en el crecimiento económico explicada por actividades primarias y algunas terciarias, pero que no se ha logrado crear condiciones de desarrollo económico suficiente para dar respuestas apropiadas ante una crisis mundial como esta.

Durante todo el 2020 la dicotomía que han enfrentado los gobiernos, sobre todo los latinoamericanos, respecto a la salud publica versus la salud económica de sus países, ha tenido vaivenes. Es justamente en Latinoamérica donde no solo se registran las mayores incidencias de contagio y fallecimientos por COVID-19 sino también la perspectiva sobre el impacto negativo en la economía es más fuerte; es en esta región donde se avizoran las caídas económicas mas fuertes en el mundo para el cierre del 2020.

Sobre esta base, muchos de los gobiernos han empezado a hacer cálculos políticos sobre el manejo de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia, personajes como Jair Bolsonaro (presidente de Brasil), Andrés Manuel López Obrador (presidente de México), Donald Trump (Presidente de Estados Unidos) o Boris Johnson (Primer Ministro del Reino Unido), minimizaron los efectos de la COVID-19 y por el contrario incentivaban a que la población continuara con sus actividades económicas diarias sin detenerse. El efecto inmediato fue que se convirtieron rápidamente en los países con mayores niveles de contagio y fallecimientos por la COVID-19, y además el impacto económico posterior se empezó a sentir con fuerza en estos países.

El caso de Estados Unidos es un caso aparte, Donald Trump ha hecho gala de la peor forma de hacer política. Si antes de la pandemia, Trump ya era un personaje quien se caracterizaba por la altanería, actitudes matonescas y por un absurdo nivel de supremacía, ahora con la pandemia y a portas de las elecciones de noviembre 2020, han hecho de Trump un caso crítico de desesperación por ganar votos. A pocas semanas de las elecciones, la pandemia pasó por encima de él, y el riesgo que no sea reelecto es muy alto, motivo por el que pese a que acaba de ser diagnosticado con COVID-19, ha vuelto a salir a las calles en clara actitud irresponsable.

De esta forma, la pandemia no sólo nos ha mostrado la crítica situación de la salud pública, sino que ha revelado las peores facetas políticas de los principales líderes del mundo. Esa faceta en la que la vida de las personas pasa a un segundo plano y se prioriza el cálculo político y los intereses personales.

El terremoto Odebrecht

Desde hace varios años atrás, el destape de los casos de corrupción cometidos por Odebrecht y Lava Jato han remecido no sólo a la arena política de Brasil, también a los principales países de América Latina que por décadas recibieron el apoyo empresarial de estas organizaciones para el desarrollo de sus obras públicas.

Estos casos nos han dado la oportunidad de toparnos con una triste realidad, América Latina sigue siendo un compendio de países dónde la corrupción campea, dónde ser político es necesariamente sinónimo de delincuencia de cuello blanco, y difícilmente los que deberían trabajar al servicio del Estado realmente lo hacen. Cada país tiene su propio drama, unos más que otros, pero todos igual de críticos y lamentables.

Lula y Dilma en Brasil fueron los principales artífices y beneficiados de toda esta red de corrupción armada para beneficiarse personalmente, a costa de favorecer en las licitaciones de obras públicas a estas dos empresas. A ellos, se les suma las diversas investigaciones por los malos manejos de empresas públicas como Petrobras y Braskem. Por estos motivos, Brasil ha tomado liderazgo en cuanto a las investigaciones sobre estos casos, y ha logrado encarcelar al expresidente brasileño, así como el impeachment hacia Dilma por la incapacidad moral que representa.

En Colombia, México, Panamá, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay, y Perú, los casos han involucrado a expresidentes, parlamentarios, funcionarios públicos y agentes privados, todos confabulando para obtener beneficios personales a costas de las necesidades de todos estos países. La estrategia de utilizar la famosa “Caja 2” administrada por la Unidad de “Operaciones Estructuradas” de la empresa Odebretch para realizar los pagos ilícitos, dan cuenta el nivel de institucionalización de la corrupción en esta compañía y del afincamiento que esta ha tenido en los aparatos estatales.

Estos niveles de institucionalización del delito han hecho que para las investigaciones judiciales sea cada vez más difícil rastrear el origen ilícito de los pagos percibidos por estos funcionarios, ya que la cadena de pagos se hizo de forma tan compleja, cómo lo hace cualquier organización criminal, que ha servido para despistar a la justicia.

Pero, lo más resaltante es analizar ¿qué están haciendo los países ahora que ya se conoce todo este caso? En algunos llama la atención la inadvertida concentración que le han puesto a este gravísimo tema. Por ejemplo, en México han congelado el caso por cinco años, momento desde el cual se retomarán las investigaciones. Dichas investigaciones preliminares congeladas incluyen cómo principales sospechosos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a los Jefes de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (actual Presidente Electo de México) y Miguel Ángel Mancera, además de un ciento de Secretarios, gobernadores, ex jefes delegacionales, diputados, senadores y demás funcionarios públicos. Este caso es lamentable, siendo México uno de los principales países de la región con un elevado índice de corrupción estatal.

Sin embargo, no todo está perdido existen países de la región que han puesto en marcha las investigaciones sobre este caso, y ya ha habido acciones concretas con resultados cada vez más precisos y certeros en el proceso judicial. 

En Perú, independientemente del caso de Alberto Fujimori que ha pasado a la historia como el primer Presidente del Perú sentenciado a prisión efectiva, los demás expresidentes vivos siguen enfrentando a la justicia. Dos de ellos (Alejandro Toledo y Ollanta Humala) recibieron prisión preventiva, y los otros dos (Pedro Pablo Kuzcynski y Alan García) cuentan con impedimento de salida del país como medida preventiva. Además, las investigaciones han alcanzado a los líderes políticos beneficiados durante las campañas electorales, acusados del delito de lavado de activos, tal es el caso de César Acuña y Keiko Fujimori, esta última con prisión preventiva por este caso. También se han incluido en las investigaciones a exautoridades ediles y provinciales, como los exalcaldes de Lima (Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio) y diversos gobernadores regionales.

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa cuenta con impedimento de salida del país, y está en trámite su futura prisión preventiva, por ser uno de los presidentes con mayores beneficios de Odebrecht, al haber forjado durante su mandato una alianza sólida con los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil al pertenecer a la misma ala ideológica.

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández enfrenta la justicia con el mismo rigor que en Perú y Ecuador. Las investigaciones siguen abiertas pero las medidas drásticas han incluido el allanamiento de sus propiedades, y pese a que cuenta con inmunidad por ser senadora, hay voces que hacen inferencia que pronto podría hacerse la solicitud de prisión preventiva para la expresidenta. Además, muchos funcionarios que han trabajado en su gobierno y en el de su esposo, Ernesto Kirchner, han sido apresados o cuentan con medidas como impedimento de salida del país o medidas cautelares diversas.

En Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay, las investigaciones han golpeado a funcionarios claves, aunque sin afectar de forma directa a los expresidentes o líderes de las principales entidades de gobierno. Las acciones siguen siendo tenues a pesar del impacto que tuvo Odebrecht y Lava Jato en sus países.

En Bolivia y Venezuela, el caso es un tema tabú, para estos países el caso Odebrecht al mantener en el gobierno a los que, en las hipótesis judiciales, fueron los mayores beneficiados de la región y mantienen injerencia sobre el sistema judicial de sus países.

En resumen, el caso Odebrecht desnudó la corrupción que se mantenía velada en toda la región, una corrupción que explica el subdesarrollo que aún ataca a nuestras sociedades, pero, sobre todo, a qué la administración del poder sigue siendo ineficiente y caótica. Además, lo lamentable no es que los funcionarios públicos elegidos por voto popular hayan traicionado la confianza de sus electores de esta manera, sino que los electores continúan, en muchos casos, valorando la ejecución de obras visibles (carreteras, aeropuertos, hospitales, etc.) por encima de los aspectos éticos. Tal fue el caso del lema de campaña de Luis Castañeda para la alcaldía de Lima en el 2014, “Roba, pero hace obra”, con el que fue electo por más del 50% del electorado.

Deberíamos esperar que estos casos nos enseñen a ser más juiciosos en nuestras elecciones para los cargos públicos más relevantes de nuestros países, a qué valoremos los aspectos técnicos, la capacidad de gobernabilidad y ejecución, pero sobre todo los criterios éticos que tenga el futuro funcionario. El momento en el que interioricemos que con corrupción nuestras sociedades seguirán estando atrasadas y sin lograr el ansiado desarrollo humano que queremos, ese será el momento en el que nuestra región latinoamericana empiece a dar el giro de 180 grados que tanto necesita.

La politización del Sistema Judicial Peruano

La situación política del país cambia todos los días, a consecuencia del escándalo de corrupción que afecta al Sistema Judicial, y de la lucha que se ha desatado desde el Poder Ejecutivo y la Sociedad Civil frente a estos denigrantes hechos.

Después de los infames audios entre el entonces magistrado Hinostroza Pariachi, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), diversos jueces, fiscales, políticos, empresarios, deportistas y demás funcionarios y trabajadores de la administración pública, se destapó toda la podredumbre del aparato judicial en el Perú, y fue la excusa perfecta para cumplir uno de los objetivos del reciente gobierno entrante de Martín Vizcarra, la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, una pregunta latente luego de conocer el estado actual del aparato judicial es ¿Qué tan politizado y criminalizado se encuentra el Sistema Judicial Peruano? Para responder a esta pregunta hay que remontarnos a la década de los 80, momento en el que el aprismo empezó una labor de insertarse en el Poder Judicial de manera progresiva.

Con la llegada de Fernando Belaúnde a la presidencia en 1980, el parlamento tenía una fuerte presencia de apristas, tanto en la cámara de diputados como de senadores, quienes se encargaron de nombrar personas claves en los poderes del estado autónomos, vinculados con el aparato judicial (Poder Judicial, Fiscalía, entre otros), y que a su vez contrataban personas del partido aprista para los mandos medios de estas instituciones.

Para 1985, el APRA gana por primera vez la Presidencia de la República, y Alan García se convierte en el presidente más joven de la historia del Perú. Con su llegada a la presidencia, el copamiento de militantes apristas en el aparato estatal fue inminente, y las instituciones del sistema judicial no fueron la excepción. El Poder Judicial, el Ministerio Público, y demás instituciones, fueron plagados de apristas a todo nivel, desde las bases hasta las cabezas de dichas instituciones. Ese quinquenio, aquel Poder del Estado que debe mantener autonomía respecto del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, perdió dicho atributo y se sometió a los mandatos del gobierno de García. Este hecho, en años posteriores, marcarían un hito en la politización del Sistema Judicial, útil para el encubrimiento de las múltiples acusaciones contra García y la cúpula del partido aprista, así como arma política por excelencia del Partido Aprista Peruano.

Y es así que con la llegada de los 90, Alberto Fujimori se convierte en Presidente de la República, y la persecución por las múltiples acusaciones contra García eran pan de cada día, sin embargo, éste se había exiliado en París y posteriormente en Bogotá hasta el 2001. Pese a ello, jamás se inició ni un proceso de extradición o expulsión de estos países, y García pudo vivir tranquilamente fuera del país por más de una década. Este “beneficio” fue una de las primeras muestras que el aparato judicial tenía la balanza a favor del APRA.

Durante el gobierno fujimorista, Alberto Fujimori logró cubrir los puestos claves del Sistema Judicial con personas aliadas a él, cubriendo de esta manera la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Pese a estos esfuerzos de repetir la historia aprista, Fujimori nunca logró enquistar partidarios afines a su gobierno en la estructura completa del aparato judicial, y sólo logró cubrir las cabezas de estas instituciones.

Esta estrategia fue muy útil mientras Fujimori estaba en el gobierno, sin embargo, fue contraproducente para él y los funcionarios del gobierno fujimorista, una vez que dejaron de gobernar. Esto, ya que una vez que Fujimori renunció a la presidencia, las cabezas de estas instituciones fueron destituidas y encarceladas.

Luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el 2001, García regresó al país y sus acusaciones prescribieron y/o fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Pese a las evidencias del desastre económico, político y social que había dejado en 1990, de los actos de corrupción, de las acciones inconstitucionales (como el caso de la Estatización del Banca) y de acusaciones por delitos de lesa humanidad (como el caso del escuadrón paramilitar Rodrigo Franco), la justicia peruana no encontró culpabilidad en García, y en la mayoría de casos, en los que no prescribió la acusación, se declaró que no había pruebas suficientes para mostrar culpabilidad. Este acto escandaloso de impunidad fue otra muestra que García y el APRA contaban con el Poder Judicial cómo aliado y arma política.

Este blindaje hacia García le permitió postular a la Presidencia en el año 2001, sin éxito, y luego en el 2006, y así convertirse nuevamente en Presidente de la República.

Por otro lado, Fujimori fue perseguido judicialmente, capturado y extraditado de Chile en el 2005, claramente la justicia no jugó a favor del expresidente, ya que la estrategia de copamiento fue débil y no perduró en el tiempo. Como consecuencia, Fujimori terminó preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Durante el segundo gobierno aprista, la alianza implícita que se formó entre el APRA y el fujimorismo, en ese entonces liderado por Keiko Fujimori como la congresista más votada, se hizo más fuerte.  Esto, permitió que Keiko empezará a forjar un nuevo legado fujimorista sobre bases similares a lo que construyó el aprismo en su momento.

En ese sentido, la lideresa del fujimorismo optó por empezar a construir una estrategia similar a la de García, empero en este camino se encontró con un obstáculo, los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Estos revelaron los errores en esta estrategia, y Keiko quedó al descubierto de toda la maraña que estaba en proceso de construcción. 

Esta crisis del Sistema Judicial ha permitido desnudar décadas de corrupción que ha invadido el Poder Judicial y el Ministerio Público. Una triste realidad que no sólo ha beneficiado a los autores de estas estrategias, sino que además afectó a muchos inocentes, tanto víctimas sin justicia como sentenciados de forma injusta. 

Ergo, el liderazgo del ejecutivo y de un sector importante de la sociedad civil, está ejerciendo presión para poder limpiar este poder del estado y realmente ejercer la justicia que nunca debió dejar de proveerse.

Esta lucha se muestra verdadera y da señales que avanza a pasos agigantados en cortos periodos de tiempo. Cómo toda lucha, se esperaba ataques del enemigo, y tal cuál es lo que ha ido sucediendo desde que se destapó todo este escándalo. Ataques que se basan en el ejercicio del poder desde el legislativo y de las alianzas formadas con las redes oscuras del poder judicial en el país, aún no descubiertas.

Queda mucho pan por rebanar, pero a pesar del ruido político que ha despertado este caso, a nivel internacional el país está siendo reconocido por tomar el liderazgo en la lucha frontal contra la corrupción. Esta lucha es dura y cruenta en las arenas políticas, pero necesaria para lograr mejores niveles de desarrollo que el país tanto necesita.