El terremoto Odebrecht

Desde hace varios años atrás, el destape de los casos de corrupción cometidos por Odebrecht y Lava Jato han remecido no sólo a la arena política de Brasil, también a los principales países de América Latina que por décadas recibieron el apoyo empresarial de estas organizaciones para el desarrollo de sus obras públicas.

Estos casos nos han dado la oportunidad de toparnos con una triste realidad, América Latina sigue siendo un compendio de países dónde la corrupción campea, dónde ser político es necesariamente sinónimo de delincuencia de cuello blanco, y difícilmente los que deberían trabajar al servicio del Estado realmente lo hacen. Cada país tiene su propio drama, unos más que otros, pero todos igual de críticos y lamentables.

Lula y Dilma en Brasil fueron los principales artífices y beneficiados de toda esta red de corrupción armada para beneficiarse personalmente, a costa de favorecer en las licitaciones de obras públicas a estas dos empresas. A ellos, se les suma las diversas investigaciones por los malos manejos de empresas públicas como Petrobras y Braskem. Por estos motivos, Brasil ha tomado liderazgo en cuanto a las investigaciones sobre estos casos, y ha logrado encarcelar al expresidente brasileño, así como el impeachment hacia Dilma por la incapacidad moral que representa.

En Colombia, México, Panamá, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay, y Perú, los casos han involucrado a expresidentes, parlamentarios, funcionarios públicos y agentes privados, todos confabulando para obtener beneficios personales a costas de las necesidades de todos estos países. La estrategia de utilizar la famosa “Caja 2” administrada por la Unidad de “Operaciones Estructuradas” de la empresa Odebretch para realizar los pagos ilícitos, dan cuenta el nivel de institucionalización de la corrupción en esta compañía y del afincamiento que esta ha tenido en los aparatos estatales.

Estos niveles de institucionalización del delito han hecho que para las investigaciones judiciales sea cada vez más difícil rastrear el origen ilícito de los pagos percibidos por estos funcionarios, ya que la cadena de pagos se hizo de forma tan compleja, cómo lo hace cualquier organización criminal, que ha servido para despistar a la justicia.

Pero, lo más resaltante es analizar ¿qué están haciendo los países ahora que ya se conoce todo este caso? En algunos llama la atención la inadvertida concentración que le han puesto a este gravísimo tema. Por ejemplo, en México han congelado el caso por cinco años, momento desde el cual se retomarán las investigaciones. Dichas investigaciones preliminares congeladas incluyen cómo principales sospechosos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a los Jefes de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (actual Presidente Electo de México) y Miguel Ángel Mancera, además de un ciento de Secretarios, gobernadores, ex jefes delegacionales, diputados, senadores y demás funcionarios públicos. Este caso es lamentable, siendo México uno de los principales países de la región con un elevado índice de corrupción estatal.

Sin embargo, no todo está perdido existen países de la región que han puesto en marcha las investigaciones sobre este caso, y ya ha habido acciones concretas con resultados cada vez más precisos y certeros en el proceso judicial. 

En Perú, independientemente del caso de Alberto Fujimori que ha pasado a la historia como el primer Presidente del Perú sentenciado a prisión efectiva, los demás expresidentes vivos siguen enfrentando a la justicia. Dos de ellos (Alejandro Toledo y Ollanta Humala) recibieron prisión preventiva, y los otros dos (Pedro Pablo Kuzcynski y Alan García) cuentan con impedimento de salida del país como medida preventiva. Además, las investigaciones han alcanzado a los líderes políticos beneficiados durante las campañas electorales, acusados del delito de lavado de activos, tal es el caso de César Acuña y Keiko Fujimori, esta última con prisión preventiva por este caso. También se han incluido en las investigaciones a exautoridades ediles y provinciales, como los exalcaldes de Lima (Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio) y diversos gobernadores regionales.

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa cuenta con impedimento de salida del país, y está en trámite su futura prisión preventiva, por ser uno de los presidentes con mayores beneficios de Odebrecht, al haber forjado durante su mandato una alianza sólida con los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil al pertenecer a la misma ala ideológica.

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández enfrenta la justicia con el mismo rigor que en Perú y Ecuador. Las investigaciones siguen abiertas pero las medidas drásticas han incluido el allanamiento de sus propiedades, y pese a que cuenta con inmunidad por ser senadora, hay voces que hacen inferencia que pronto podría hacerse la solicitud de prisión preventiva para la expresidenta. Además, muchos funcionarios que han trabajado en su gobierno y en el de su esposo, Ernesto Kirchner, han sido apresados o cuentan con medidas como impedimento de salida del país o medidas cautelares diversas.

En Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay, las investigaciones han golpeado a funcionarios claves, aunque sin afectar de forma directa a los expresidentes o líderes de las principales entidades de gobierno. Las acciones siguen siendo tenues a pesar del impacto que tuvo Odebrecht y Lava Jato en sus países.

En Bolivia y Venezuela, el caso es un tema tabú, para estos países el caso Odebrecht al mantener en el gobierno a los que, en las hipótesis judiciales, fueron los mayores beneficiados de la región y mantienen injerencia sobre el sistema judicial de sus países.

En resumen, el caso Odebrecht desnudó la corrupción que se mantenía velada en toda la región, una corrupción que explica el subdesarrollo que aún ataca a nuestras sociedades, pero, sobre todo, a qué la administración del poder sigue siendo ineficiente y caótica. Además, lo lamentable no es que los funcionarios públicos elegidos por voto popular hayan traicionado la confianza de sus electores de esta manera, sino que los electores continúan, en muchos casos, valorando la ejecución de obras visibles (carreteras, aeropuertos, hospitales, etc.) por encima de los aspectos éticos. Tal fue el caso del lema de campaña de Luis Castañeda para la alcaldía de Lima en el 2014, “Roba, pero hace obra”, con el que fue electo por más del 50% del electorado.

Deberíamos esperar que estos casos nos enseñen a ser más juiciosos en nuestras elecciones para los cargos públicos más relevantes de nuestros países, a qué valoremos los aspectos técnicos, la capacidad de gobernabilidad y ejecución, pero sobre todo los criterios éticos que tenga el futuro funcionario. El momento en el que interioricemos que con corrupción nuestras sociedades seguirán estando atrasadas y sin lograr el ansiado desarrollo humano que queremos, ese será el momento en el que nuestra región latinoamericana empiece a dar el giro de 180 grados que tanto necesita.

Entre el fascismo ultra conservador y el progresismo izquierdista

Los resultados de la primera vuelta en Brasil marcan un escenario complicado y extremo en el país carioca, y por consecuencia en la región de América Latina. El enfrentamiento es entre dos polos extremos: La candidatura de Jair Bolsonaro representando la ultra derecha fascista y conservadora que nunca ha gobernado el país, y la de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, oficialista, y representando la izquierda progresista que ha gobernado a Brasil en los últimos quince años, y arrastrando consigo todos los escándalos de corrupción de sus antecesores.

Estas elecciones en Brasil son históricas, no sólo por tener una elección polarizada entre dos ideologías completamente extremas, situación que nunca ha pasado de forma tan radical en el país, sino también por la influencia política, social y económica del gigante sudamericano en toda la región latinoamericana.

Durante los 90, Brasil marcó la pauta para instaurar el neoliberalismo en la región, y por siete años consecutivos, Fernando Henrique Cardoso pudo imponer y afianzar esta corriente en su país. Al principio, los beneficios económicos fueron sustancialmente positivos, pero luego la crisis económica causada por el fuerte incremento de la deuda externa atacó al país. 

La población cansada de la crisis en que Cardoso los había metido, aunado a los múltiples escándalos de corrupción, decidió darle un giro político al país y elegir, en el 2002, a Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, exsindicalista y representante de la izquierda progresista de Brasil. Un viraje del rumbo político que no solo impactó en Brasil, sino que significó el cambio ideológico de la región ya que su radio de influencia impactó sobre diversos procesos electorales en la región.

Esta elección cambió la forma de hacer política en Brasil, dónde ahora el Estado tenía una fuerte intervención en la vida económica y empresarial del país. Y empresas estatales como Petrobras tuvieron preponderancia en las cuentas fiscales y en la actividad económica de Brasil. Siete años de gobierno populista hicieron que Lula sea de los presidentes de Brasil con mayores índices de aprobación mientras estaba en el cargo, esto le sirvió para influenciar la elección de Dilma Rousseff, del mismo partido y corriente, como su sucesora en la presidencia. 

Lamentablemente para Dilma, su gobierno no fue del todo exitoso y hacia el final de su primer periodo gubernamental, los casos de corrupción de Petrobras, LavaJato, y Odebretch, empezaron a hacer mella de la popularidad del gobierno izquierdista. Logró una ajustada reelección, pero en su segundo periodo, en lugar de enfocarse en las políticas públicas y económicas del país, los esfuerzos estuvieron concentrados en luchar contra las acusaciones que recaían sobre Dilma y Lula. Tres años después, Dilma fue censurada por el parlamento ante las inminentes acusaciones e investigaciones a las que tenía que hacer frente.

Luego de la censura a Rousseff, el vicepresidente de la República Michel Temer, de centro derecha, gobernó el país, pero el escenario político no fue más alentador que lo sucedido los años previos a su gobierno, además la violencia en el país se hizo más aguda ante la crisis económica y política que vivía Brasil. Todo ello ocasionó una sensación de descontento, decepción, indignación y hartazgo de la población contra la clase política de su país, y una necesidad urgente de cambio. 

Este fue el escenario político con el que Brasil comenzó su proceso electoral del 2018 para elegir al próximo Presidente de la República. Esta campaña, empezó incipiente sin un candidato fuerte que contrarrestara la precandidatura de Lula y marcada por el proceso judicial que decidiría el futuro político del expresidente. Luego de tanta incertidumbre, Lula fue acusado y sentenciado a prisión, por lo que la candidatura “fuerte” (lideraba las encuestas, pero con apenas 14% de respaldo) de la izquierda se caía, y la campaña volvía a empezar. 

En esta reorganización del proceso electoral, surgió un militar en reserva y que traía consigo una política conservadora de ultraderecha, totalmente opuesta a la que gobernó Brasil por quince años, llamado Jair Bolsonaro. Las propuestas de cambio en la política económica y la lucha contra lo diferente para reducir la violencia en el país calaron fuertemente, a tal punto que los electores de Bolsonaro en la primera vuelta casi llegaron al 50% de los votantes.

Este tipo de candidatos radicales siempre surgen y calan cuando las autoridades vigentes causaron hartazgo en la población. Pese a las propuestas fascistas de Bolsonaro, los brasileños no han podido discernir correctamente entre lo que significaría su elección como presidente. Si bien representaría el cambio radical que Brasil espera, también traería consigo discriminación, segregación y una amplitud de brechas sociales más profundas de las que hoy ya existen en Brasil. Además, distinto a lo que se piensa, la violencia se incrementaría de manera sustancial ante las políticas fascistas con las que planea gobernar Bolsonaro.

Cómo muestra de este futuro escenario complicado que enfrentaría Brasil, hoy muchos seguidores de Bolsonaro han reaccionado de forma violenta contra los grupos sociales minoritarios, siguiendo el discurso del candidato presidencial, incluso llegando a asesinar a un grupo personas transexuales bajo el lema “queremos limpiar Brasil de esta lacra”. Estos actos dan luces de los niveles de violencia que alcanzaría el país, y además de la intolerancia contenida y escondida que ha habitado en muchos grupos sociales del país. 

Analizando los resultados de la primera vuelta electoral, los electores de Bolsonaro corresponden mayoritariamente a los niveles socioeconómicos media y alta, que viven en ciudades donde predomina la población blanca y con altos niveles educativos. Esto nos muestra que esta parte de la sociedad ha vivido reprimida en cuánto a sus sentimientos fascistas y están dispuestos a “limpiar el país” para tener un mejor futuro.

Por el lado contrario, el candidato de la izquierda oficialista, Fernando Haddad, quién quedó relegado por una amplia diferencia en el segundo lugar, alcanzó esta posición gracias a que su mayoría de votantes corresponden a las clases socioeconómicas más bajas de Brasil, y que viven en las ciudades de población negra y con elevados índices de pobreza. Claramente, a este grupo poblacional no le es relevante la corrupción de sus gobernantes, sólo que respeten sus derechos y continuar recibiendo apoyo gubernamental mediante los diversos programas asistencialistas que instauró la izquierda progresista.

Esta segmentación entre ambos candidatos, de cara a la segunda vuelta, ha fraccionado al país en una lucha política (Izquierda vs. Derecha), pero también en un enfrentamiento social entre pobres y ricos, entre blancos y negros, entre heterosexuales conservadores y demás orientaciones sexuales. Esta confrontación lo único que está ocasionando en Brasil es un fuerte incremento de la violencia, y podría ocasionar un retroceso en el reconocimiento de los derechos hacia la diversidad de personas que habitan Brasil, lo que significaría un incremento en la fractura social del país.

Esta segunda vuelta en Brasil es una encrucijada entre dos males distintos, uno nuevo y otro conocido. Es una elección entre el fascismo conservador de ultraderecha y la corrupción e ineficiencias de la izquierda progresista. La decisión no es sencilla, ya que ambos atentan contra el desarrollo del país. Y por la influencia del país carioca, podría macar un precedente que pudiera afectar la situación política, social y económica de América Latina.