El terremoto Odebrecht

Desde hace varios años atrás, el destape de los casos de corrupción cometidos por Odebrecht y Lava Jato han remecido no sólo a la arena política de Brasil, también a los principales países de América Latina que por décadas recibieron el apoyo empresarial de estas organizaciones para el desarrollo de sus obras públicas.

Estos casos nos han dado la oportunidad de toparnos con una triste realidad, América Latina sigue siendo un compendio de países dónde la corrupción campea, dónde ser político es necesariamente sinónimo de delincuencia de cuello blanco, y difícilmente los que deberían trabajar al servicio del Estado realmente lo hacen. Cada país tiene su propio drama, unos más que otros, pero todos igual de críticos y lamentables.

Lula y Dilma en Brasil fueron los principales artífices y beneficiados de toda esta red de corrupción armada para beneficiarse personalmente, a costa de favorecer en las licitaciones de obras públicas a estas dos empresas. A ellos, se les suma las diversas investigaciones por los malos manejos de empresas públicas como Petrobras y Braskem. Por estos motivos, Brasil ha tomado liderazgo en cuanto a las investigaciones sobre estos casos, y ha logrado encarcelar al expresidente brasileño, así como el impeachment hacia Dilma por la incapacidad moral que representa.

En Colombia, México, Panamá, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay, y Perú, los casos han involucrado a expresidentes, parlamentarios, funcionarios públicos y agentes privados, todos confabulando para obtener beneficios personales a costas de las necesidades de todos estos países. La estrategia de utilizar la famosa “Caja 2” administrada por la Unidad de “Operaciones Estructuradas” de la empresa Odebretch para realizar los pagos ilícitos, dan cuenta el nivel de institucionalización de la corrupción en esta compañía y del afincamiento que esta ha tenido en los aparatos estatales.

Estos niveles de institucionalización del delito han hecho que para las investigaciones judiciales sea cada vez más difícil rastrear el origen ilícito de los pagos percibidos por estos funcionarios, ya que la cadena de pagos se hizo de forma tan compleja, cómo lo hace cualquier organización criminal, que ha servido para despistar a la justicia.

Pero, lo más resaltante es analizar ¿qué están haciendo los países ahora que ya se conoce todo este caso? En algunos llama la atención la inadvertida concentración que le han puesto a este gravísimo tema. Por ejemplo, en México han congelado el caso por cinco años, momento desde el cual se retomarán las investigaciones. Dichas investigaciones preliminares congeladas incluyen cómo principales sospechosos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a los Jefes de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (actual Presidente Electo de México) y Miguel Ángel Mancera, además de un ciento de Secretarios, gobernadores, ex jefes delegacionales, diputados, senadores y demás funcionarios públicos. Este caso es lamentable, siendo México uno de los principales países de la región con un elevado índice de corrupción estatal.

Sin embargo, no todo está perdido existen países de la región que han puesto en marcha las investigaciones sobre este caso, y ya ha habido acciones concretas con resultados cada vez más precisos y certeros en el proceso judicial. 

En Perú, independientemente del caso de Alberto Fujimori que ha pasado a la historia como el primer Presidente del Perú sentenciado a prisión efectiva, los demás expresidentes vivos siguen enfrentando a la justicia. Dos de ellos (Alejandro Toledo y Ollanta Humala) recibieron prisión preventiva, y los otros dos (Pedro Pablo Kuzcynski y Alan García) cuentan con impedimento de salida del país como medida preventiva. Además, las investigaciones han alcanzado a los líderes políticos beneficiados durante las campañas electorales, acusados del delito de lavado de activos, tal es el caso de César Acuña y Keiko Fujimori, esta última con prisión preventiva por este caso. También se han incluido en las investigaciones a exautoridades ediles y provinciales, como los exalcaldes de Lima (Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio) y diversos gobernadores regionales.

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa cuenta con impedimento de salida del país, y está en trámite su futura prisión preventiva, por ser uno de los presidentes con mayores beneficios de Odebrecht, al haber forjado durante su mandato una alianza sólida con los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil al pertenecer a la misma ala ideológica.

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández enfrenta la justicia con el mismo rigor que en Perú y Ecuador. Las investigaciones siguen abiertas pero las medidas drásticas han incluido el allanamiento de sus propiedades, y pese a que cuenta con inmunidad por ser senadora, hay voces que hacen inferencia que pronto podría hacerse la solicitud de prisión preventiva para la expresidenta. Además, muchos funcionarios que han trabajado en su gobierno y en el de su esposo, Ernesto Kirchner, han sido apresados o cuentan con medidas como impedimento de salida del país o medidas cautelares diversas.

En Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay, las investigaciones han golpeado a funcionarios claves, aunque sin afectar de forma directa a los expresidentes o líderes de las principales entidades de gobierno. Las acciones siguen siendo tenues a pesar del impacto que tuvo Odebrecht y Lava Jato en sus países.

En Bolivia y Venezuela, el caso es un tema tabú, para estos países el caso Odebrecht al mantener en el gobierno a los que, en las hipótesis judiciales, fueron los mayores beneficiados de la región y mantienen injerencia sobre el sistema judicial de sus países.

En resumen, el caso Odebrecht desnudó la corrupción que se mantenía velada en toda la región, una corrupción que explica el subdesarrollo que aún ataca a nuestras sociedades, pero, sobre todo, a qué la administración del poder sigue siendo ineficiente y caótica. Además, lo lamentable no es que los funcionarios públicos elegidos por voto popular hayan traicionado la confianza de sus electores de esta manera, sino que los electores continúan, en muchos casos, valorando la ejecución de obras visibles (carreteras, aeropuertos, hospitales, etc.) por encima de los aspectos éticos. Tal fue el caso del lema de campaña de Luis Castañeda para la alcaldía de Lima en el 2014, “Roba, pero hace obra”, con el que fue electo por más del 50% del electorado.

Deberíamos esperar que estos casos nos enseñen a ser más juiciosos en nuestras elecciones para los cargos públicos más relevantes de nuestros países, a qué valoremos los aspectos técnicos, la capacidad de gobernabilidad y ejecución, pero sobre todo los criterios éticos que tenga el futuro funcionario. El momento en el que interioricemos que con corrupción nuestras sociedades seguirán estando atrasadas y sin lograr el ansiado desarrollo humano que queremos, ese será el momento en el que nuestra región latinoamericana empiece a dar el giro de 180 grados que tanto necesita.

La politización del Sistema Judicial Peruano

La situación política del país cambia todos los días, a consecuencia del escándalo de corrupción que afecta al Sistema Judicial, y de la lucha que se ha desatado desde el Poder Ejecutivo y la Sociedad Civil frente a estos denigrantes hechos.

Después de los infames audios entre el entonces magistrado Hinostroza Pariachi, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), diversos jueces, fiscales, políticos, empresarios, deportistas y demás funcionarios y trabajadores de la administración pública, se destapó toda la podredumbre del aparato judicial en el Perú, y fue la excusa perfecta para cumplir uno de los objetivos del reciente gobierno entrante de Martín Vizcarra, la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, una pregunta latente luego de conocer el estado actual del aparato judicial es ¿Qué tan politizado y criminalizado se encuentra el Sistema Judicial Peruano? Para responder a esta pregunta hay que remontarnos a la década de los 80, momento en el que el aprismo empezó una labor de insertarse en el Poder Judicial de manera progresiva.

Con la llegada de Fernando Belaúnde a la presidencia en 1980, el parlamento tenía una fuerte presencia de apristas, tanto en la cámara de diputados como de senadores, quienes se encargaron de nombrar personas claves en los poderes del estado autónomos, vinculados con el aparato judicial (Poder Judicial, Fiscalía, entre otros), y que a su vez contrataban personas del partido aprista para los mandos medios de estas instituciones.

Para 1985, el APRA gana por primera vez la Presidencia de la República, y Alan García se convierte en el presidente más joven de la historia del Perú. Con su llegada a la presidencia, el copamiento de militantes apristas en el aparato estatal fue inminente, y las instituciones del sistema judicial no fueron la excepción. El Poder Judicial, el Ministerio Público, y demás instituciones, fueron plagados de apristas a todo nivel, desde las bases hasta las cabezas de dichas instituciones. Ese quinquenio, aquel Poder del Estado que debe mantener autonomía respecto del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, perdió dicho atributo y se sometió a los mandatos del gobierno de García. Este hecho, en años posteriores, marcarían un hito en la politización del Sistema Judicial, útil para el encubrimiento de las múltiples acusaciones contra García y la cúpula del partido aprista, así como arma política por excelencia del Partido Aprista Peruano.

Y es así que con la llegada de los 90, Alberto Fujimori se convierte en Presidente de la República, y la persecución por las múltiples acusaciones contra García eran pan de cada día, sin embargo, éste se había exiliado en París y posteriormente en Bogotá hasta el 2001. Pese a ello, jamás se inició ni un proceso de extradición o expulsión de estos países, y García pudo vivir tranquilamente fuera del país por más de una década. Este “beneficio” fue una de las primeras muestras que el aparato judicial tenía la balanza a favor del APRA.

Durante el gobierno fujimorista, Alberto Fujimori logró cubrir los puestos claves del Sistema Judicial con personas aliadas a él, cubriendo de esta manera la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Pese a estos esfuerzos de repetir la historia aprista, Fujimori nunca logró enquistar partidarios afines a su gobierno en la estructura completa del aparato judicial, y sólo logró cubrir las cabezas de estas instituciones.

Esta estrategia fue muy útil mientras Fujimori estaba en el gobierno, sin embargo, fue contraproducente para él y los funcionarios del gobierno fujimorista, una vez que dejaron de gobernar. Esto, ya que una vez que Fujimori renunció a la presidencia, las cabezas de estas instituciones fueron destituidas y encarceladas.

Luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el 2001, García regresó al país y sus acusaciones prescribieron y/o fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Pese a las evidencias del desastre económico, político y social que había dejado en 1990, de los actos de corrupción, de las acciones inconstitucionales (como el caso de la Estatización del Banca) y de acusaciones por delitos de lesa humanidad (como el caso del escuadrón paramilitar Rodrigo Franco), la justicia peruana no encontró culpabilidad en García, y en la mayoría de casos, en los que no prescribió la acusación, se declaró que no había pruebas suficientes para mostrar culpabilidad. Este acto escandaloso de impunidad fue otra muestra que García y el APRA contaban con el Poder Judicial cómo aliado y arma política.

Este blindaje hacia García le permitió postular a la Presidencia en el año 2001, sin éxito, y luego en el 2006, y así convertirse nuevamente en Presidente de la República.

Por otro lado, Fujimori fue perseguido judicialmente, capturado y extraditado de Chile en el 2005, claramente la justicia no jugó a favor del expresidente, ya que la estrategia de copamiento fue débil y no perduró en el tiempo. Como consecuencia, Fujimori terminó preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Durante el segundo gobierno aprista, la alianza implícita que se formó entre el APRA y el fujimorismo, en ese entonces liderado por Keiko Fujimori como la congresista más votada, se hizo más fuerte.  Esto, permitió que Keiko empezará a forjar un nuevo legado fujimorista sobre bases similares a lo que construyó el aprismo en su momento.

En ese sentido, la lideresa del fujimorismo optó por empezar a construir una estrategia similar a la de García, empero en este camino se encontró con un obstáculo, los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Estos revelaron los errores en esta estrategia, y Keiko quedó al descubierto de toda la maraña que estaba en proceso de construcción. 

Esta crisis del Sistema Judicial ha permitido desnudar décadas de corrupción que ha invadido el Poder Judicial y el Ministerio Público. Una triste realidad que no sólo ha beneficiado a los autores de estas estrategias, sino que además afectó a muchos inocentes, tanto víctimas sin justicia como sentenciados de forma injusta. 

Ergo, el liderazgo del ejecutivo y de un sector importante de la sociedad civil, está ejerciendo presión para poder limpiar este poder del estado y realmente ejercer la justicia que nunca debió dejar de proveerse.

Esta lucha se muestra verdadera y da señales que avanza a pasos agigantados en cortos periodos de tiempo. Cómo toda lucha, se esperaba ataques del enemigo, y tal cuál es lo que ha ido sucediendo desde que se destapó todo este escándalo. Ataques que se basan en el ejercicio del poder desde el legislativo y de las alianzas formadas con las redes oscuras del poder judicial en el país, aún no descubiertas.

Queda mucho pan por rebanar, pero a pesar del ruido político que ha despertado este caso, a nivel internacional el país está siendo reconocido por tomar el liderazgo en la lucha frontal contra la corrupción. Esta lucha es dura y cruenta en las arenas políticas, pero necesaria para lograr mejores niveles de desarrollo que el país tanto necesita.