Chinchero: Mas allá del problema político

El aeropuerto de Chinchero en Cusco ha sido una obra que por muchas décadas el pueblo cusqueño, al sur de Perú, ha esperado para promover el mayor dinamismo económico en esta ciudad peruana. Con un fuerte incremento de la afluencia turística en Cusco debido a la mayor popularidad de Machu Picchu, luego de haber sido declarado como una de las siete maravillas del mundo, la capacidad instalada del actual aeropuerto del Cusco ha quedado bastante limitada, por lo que el aeropuerto de Chinchero era una urgencia para no afectar al sector turístico del país que ha venido cuesta arriba en los últimos años.

La ejecución de esta importante obra de infraestructura pública en el Perú desató un escándalo político en Perú por supuestos sobrecostos y corrupción de funcionarios por la designación inadecuada de la empresa encargada (Andino Investment Holding - AIH) de la licitación para la construcción de la gigante obra. Esta crisis política llevó a que el actual presidente peruano Martín Vizcarra, quién en ese entonces era Ministro de Transportes y Comunicaciones, se vio en la necesidad de renunciar a su cargo.

Pero, dos años antes del escándalo político en Perú, el Bank of New York Mellon analizó una transferencia que se realizó en febrero del 2015, por USD 98,000. Como consecuencia puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América – el grupo económico que lidera Eduardo Eurnekian – y a su socia peruana para el aeropuerto de Chichero en Cusco, Andina Investment Holding (AIH).

En junio del 2015, el banco neoyorquino envió un reporte de operaciones sospechosas al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) - organismo de Prevención de Lavado de Activos de Estados Unidos – con un detalle de 3,239 transferencias. Entre ellas se encontraba la transferencia por USD 98,000 que terminó en una cuenta de la financiera uruguaya Columbusnet S.A. en las Islas Caimán.

Sin embargo, dicha transferencia no salió de las cuentas de Corporación América ni de su socia AIH sino por cuenta y orden de una subsidiaria peruana de ese consorcio llamada Proyecta & Construye S.A.

La sociedad entre Corporación América y AIH nació en el 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En el 2004, durante el gobierno de Ollanta Humala conformaron el consorcio “Kuntur Wasi” y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco bajo la modalidad público-privada.

Corporación América y AIH fundaron una subsidiaria, Proyecta & Construye S.A., a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos. En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto de Chinchero. Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.

Giuliana Cavassa, Gerente de Asuntos Institucionales de Andino Investment Holding, y voceros de la Corporación América defendieron la legalidad de la transacción indicando que esa operación, señalada por FinCEN como sospechosa, fue por el “pago de unas facturas a Estudio GF S.A.”, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED.

Estudio GF S.A. es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. Tomando eso como base, ¿Porqué se usó la cuenta de Columbusnet S.A. en Islas Caimán para realizar esos pagos? De acuerdo con Cavassa, se hizo así porque “probablemente el proveedor lo solicitó de esa forma”. Cavassa ha insistido en que no tienen cuentas en Islas Caimán y no conocer a la financiera Columbusnet S.A. Pese a ello, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF S.A. aseguró que “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”. Si, según Estudio GF S.A., ellos no cobraron nada, ¿Quién le pidió hacer la transferencia a AIH a las cuentas de Columbusnet S.A. y por qué motivo?

AIH asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF S.A., con fecha 09 de enero del 2015, con el concepto: “Certificado N°1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera factura fue por USD 71,925.76, y la segunda factura fue por USD 26,160 (sumando un total de USD 98,085.76). El titular de Columbusnet S.A., Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar a sus clientes y las actuaciones que se estén realizando”.

Mientras tanto, en Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Chinchero-Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de la República del Perú, la adenda podría perjudicar el tesoro público al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado Peruano y un presunto perjuicio de unos USD 40 millones.

Además de ello, el replanteó contractual implicó el retraso del inició de la obra y posteriormente la suspensión del contrato ante los señalamientos de sospechas de corrupción y lavado de activos. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado Peruano.

En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del caso “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye S.A., y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.

Corporación América, por su lado, rechazaron esta hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. Agregaron que “las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales, etc.).

En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era "lesiva" para el Estado Peruano porque establecía que el país "asumía el riesgo por financiación de la obra", algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.

La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y sobre el perjuicio de la adenda contra el Estado Peruano. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra (USD 265 millones) y que la adenda "solo cambió el mecanismo de financiamiento".

Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato.

En Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció a Corporación América en el 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato "permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto".

A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que "no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana".

¿Democracia o Populismo?

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se convirtió en un punto de conflicto durante la campaña electoral presidencial del 2018, y rápidamente se utilizó como arma política para poder ganar votos en esa contienda. Pese a los avances en la construcción de la obra, durante el proceso electoral, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteaba la cancelación del proyecto y analizar un cambio en la ubicación del futuro aeropuerto, debido a los problemas medioambientales que ese generaría sobre el lago de Texcoco.

Esta postura de AMLO, que en su momento era el favorito para ganar la elección, era la preocupación constante de los inversionistas y del mercado sobre su posible elección como Presidente de México. El 01 de julio de 2019, AMLO fue elegido abrumadoramente como futuro mandatario para el sexenio 2018-2024, y la reacción del mercado fue a la baja, y la percepción de riesgo sobre el país se disparó inmediatamente. Este nerviosismo fue calmado por el propio AMLO con un discurso más conciliador, de menos confrontación y con una tónica de continuidad en materia de política económica.

Sin embargo, esta postura le empezó a restar popularidad frente a los que lo eligieron, a pesar que aún no asume la presidencia de manera oficial. En este sentido, AMLO decidió tomar uno de los temas más álgidos de la campaña para levantar esa popularidad, este era el conflicto sobre la construcción del NAIM. Para tal fin, y en claro populismo, AMLO propuso y se convocó a una consulta ciudadana sobre si se debería mantener la construcción del NAIM en Texcoco o cambiarlo de ubicación hacia Santa Lucía, zona ubicada a 42 kilómetros de la Ciudad de México, donde existe una base aérea militar que serviría de base para su construcción.

La consulta organizada de manera informal sin la participación del ente electoral oficial de México, sin controles para evitar el sufragio múltiple por el mismo votante, sin criterios básicos de selección de votantes, y sobre un proyecto de inversión pública con alto componente técnico, ponían de manifiesto que la iniciativa del futuro presidente no era más que un acto de populismo puro. 

Dicha consulta arrojó como resultado que el aeropuerto debía ser construido en Santa Lucía y ya no en Texcoco. En ese sentido, López Obrador respondió que se respetaría dicho resultado y que el proyecto de Texcoco quedaba cancelado.

Los efectos inmediatos fueron la desconfianza del mercado y la incertidumbre empresarial ante el discurso claramente populista de AMLO. El peso mexicano perdió valor de manera estrepitosa, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores perdió valor de manera abrupta, la clasificación de la deuda del Aeropuerto Internacional de México tuvo una fuerte degradación hasta quedar cerca del nivel de basura, el riesgo país de México se incrementó y se ubicó por encima (es decir, con más riesgo) que Colombia y Perú, y puso en riesgo la clasificación de deuda soberana del país.

Esta respuesta del mercado fue por el temor que generó el mensaje del presidente electo, ya que reafirmó que las políticas populistas serán pan de cada día en el sexenio venidero bajo las banderas de “democracia” y “lucha contra la corrupción”. Ambas serán las armas políticas que se utilizarán como excusas perfectas para implantar políticas populistas que tanto dañan las cuentas fiscales del país, y que resquebrajan el marco de estabilidad jurídica generando incertidumbre en los inversionistas, quienes reducirán su horizonte de inversión en el país, inclusive podrían cerrar operaciones, afectando seriamente la producción del país y la generación de empleo.

Pero ¿Realmente esta consulta es una muestra del cambio hacia un esquema más democrático y transparente que AMLO tanto profesa? La respuesta es No. Definitivamente ejercicios cómo el de esta consulta sólo nos muestran lo peor de una sociedad que necesita reformarse desde sus entrañas para lograr la senda de desarrollo.

Al convocar esta consulta antes de que asuma la presidencia, AMLO nos muestra que el liderazgo del país está en manos de quién tiene desesperación absoluta por ocupar el poder lo antes posible, y no espera a hacer las cosas cómo se deben hacer dentro del marco de la legalidad y del respeto a los procedimientos establecidos, sino que prefiere hacerlo a su modo, al fiel estilo burdo e informal. Así mismo, también es una muestra clara que López Obrador está dispuesto a dar lo que la sociedad reclama, sin ponerse a evaluar si esto afectará al país en el mediano y/o largo plazo, con tal de no perder popularidad entre la población.

Es importante que los mexicanos entiendan que Democracia y Lucha contra la corrupción no es populismo, ese que se utiliza para diseñar programas asistencialistas y acostumbrar a la gente a recibir dinero o bienes del Estado sin hacer el mínimo esfuerzo. Democracia no es someter aspectos técnicos hacia el escrutinio de la población, quiénes mayoritariamente no cuentan con esos criterios técnicos para tomar decisiones de política. Lucha contra la corrupción no es poner bajo la decisión popular, algún proyecto de infraestructura que va más allá de elegir si te parece bien o no, sino de qué tan viable es o no hacer alguna obra.

Mirando hacia el futuro y tomando en cuenta este evento, ¿Qué le espera a México? La respuesta admite demasiadas especulaciones, pero debido a las actitudes adoptada por los futuros líderes del siguiente sexenio, se puede inferir que las decisiones y políticas propuestas serán ejecutadas en función a qué tan popular es la medida entre la población sin interesar los criterios técnicos, ni los impactos financieros y económicos. Con esto, hoy la incertidumbre de los inversionistas está más que justificada.

Todo esto no es más que un reflejo de la sociedad en que vivimos. Nuestro día a día está lleno de decisiones que se toman si meditación alguna, de proyectos o actividades que no se realizan de la manera correcta sino de la forma cómo a cada quién le viene en gana, sin interesarles si afectan los derechos de terceros. Lo vemos diariamente en los puestos de comida que invaden las calles, los múltiples estacionamientos improvisados, en los diversos taxis informales que se hacen pasar por formales, es decir, en sacarle la vuelta a las leyes con tal de obtener un beneficio propio. Toda esta informalidad es la que está absolutamente reflejada en la figura del Presidente Electo y es la que va a gobernar en los siguientes seis años.

Es evidente que por más que México sea la segunda economía más importante de América Latina, después de Brasil, aún está muy lejos de la senda del desarrollo, que va más allá de luchar contra la corrupción o de un sostenido crecimiento económico. El desarrollo está en la búsqueda de que toda la población tenga un cambio idiosincrático abrupto, dónde todas las acciones se realicen cómo realmente deben hacerse con respeto y responsabilidad, y no cómo se nos plazca buscando sólo el beneficio propio sin respetar nada ni a nadie. Un largo camino nos espera para este cambio, pero sólo así es cómo se empezará a tener líderes que reflejen una sociedad cada vez mejor.