Chinchero: Mas allá del problema político

El aeropuerto de Chinchero en Cusco ha sido una obra que por muchas décadas el pueblo cusqueño, al sur de Perú, ha esperado para promover el mayor dinamismo económico en esta ciudad peruana. Con un fuerte incremento de la afluencia turística en Cusco debido a la mayor popularidad de Machu Picchu, luego de haber sido declarado como una de las siete maravillas del mundo, la capacidad instalada del actual aeropuerto del Cusco ha quedado bastante limitada, por lo que el aeropuerto de Chinchero era una urgencia para no afectar al sector turístico del país que ha venido cuesta arriba en los últimos años.

La ejecución de esta importante obra de infraestructura pública en el Perú desató un escándalo político en Perú por supuestos sobrecostos y corrupción de funcionarios por la designación inadecuada de la empresa encargada (Andino Investment Holding - AIH) de la licitación para la construcción de la gigante obra. Esta crisis política llevó a que el actual presidente peruano Martín Vizcarra, quién en ese entonces era Ministro de Transportes y Comunicaciones, se vio en la necesidad de renunciar a su cargo.

Pero, dos años antes del escándalo político en Perú, el Bank of New York Mellon analizó una transferencia que se realizó en febrero del 2015, por USD 98,000. Como consecuencia puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América – el grupo económico que lidera Eduardo Eurnekian – y a su socia peruana para el aeropuerto de Chichero en Cusco, Andina Investment Holding (AIH).

En junio del 2015, el banco neoyorquino envió un reporte de operaciones sospechosas al FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) - organismo de Prevención de Lavado de Activos de Estados Unidos – con un detalle de 3,239 transferencias. Entre ellas se encontraba la transferencia por USD 98,000 que terminó en una cuenta de la financiera uruguaya Columbusnet S.A. en las Islas Caimán.

Sin embargo, dicha transferencia no salió de las cuentas de Corporación América ni de su socia AIH sino por cuenta y orden de una subsidiaria peruana de ese consorcio llamada Proyecta & Construye S.A.

La sociedad entre Corporación América y AIH nació en el 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En el 2004, durante el gobierno de Ollanta Humala conformaron el consorcio “Kuntur Wasi” y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco bajo la modalidad público-privada.

Corporación América y AIH fundaron una subsidiaria, Proyecta & Construye S.A., a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos. En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto de Chinchero. Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.

Giuliana Cavassa, Gerente de Asuntos Institucionales de Andino Investment Holding, y voceros de la Corporación América defendieron la legalidad de la transacción indicando que esa operación, señalada por FinCEN como sospechosa, fue por el “pago de unas facturas a Estudio GF S.A.”, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED.

Estudio GF S.A. es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. Tomando eso como base, ¿Porqué se usó la cuenta de Columbusnet S.A. en Islas Caimán para realizar esos pagos? De acuerdo con Cavassa, se hizo así porque “probablemente el proveedor lo solicitó de esa forma”. Cavassa ha insistido en que no tienen cuentas en Islas Caimán y no conocer a la financiera Columbusnet S.A. Pese a ello, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF S.A. aseguró que “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”. Si, según Estudio GF S.A., ellos no cobraron nada, ¿Quién le pidió hacer la transferencia a AIH a las cuentas de Columbusnet S.A. y por qué motivo?

AIH asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF S.A., con fecha 09 de enero del 2015, con el concepto: “Certificado N°1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera factura fue por USD 71,925.76, y la segunda factura fue por USD 26,160 (sumando un total de USD 98,085.76). El titular de Columbusnet S.A., Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar a sus clientes y las actuaciones que se estén realizando”.

Mientras tanto, en Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Chinchero-Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de la República del Perú, la adenda podría perjudicar el tesoro público al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado Peruano y un presunto perjuicio de unos USD 40 millones.

Además de ello, el replanteó contractual implicó el retraso del inició de la obra y posteriormente la suspensión del contrato ante los señalamientos de sospechas de corrupción y lavado de activos. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado Peruano.

En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del caso “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye S.A., y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.

Corporación América, por su lado, rechazaron esta hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. Agregaron que “las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales, etc.).

En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era "lesiva" para el Estado Peruano porque establecía que el país "asumía el riesgo por financiación de la obra", algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.

La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y sobre el perjuicio de la adenda contra el Estado Peruano. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra (USD 265 millones) y que la adenda "solo cambió el mecanismo de financiamiento".

Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato.

En Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció a Corporación América en el 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato "permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto".

A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que "no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana".