¿Democracia o Populismo?

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se convirtió en un punto de conflicto durante la campaña electoral presidencial del 2018, y rápidamente se utilizó como arma política para poder ganar votos en esa contienda. Pese a los avances en la construcción de la obra, durante el proceso electoral, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteaba la cancelación del proyecto y analizar un cambio en la ubicación del futuro aeropuerto, debido a los problemas medioambientales que ese generaría sobre el lago de Texcoco.

Esta postura de AMLO, que en su momento era el favorito para ganar la elección, era la preocupación constante de los inversionistas y del mercado sobre su posible elección como Presidente de México. El 01 de julio de 2019, AMLO fue elegido abrumadoramente como futuro mandatario para el sexenio 2018-2024, y la reacción del mercado fue a la baja, y la percepción de riesgo sobre el país se disparó inmediatamente. Este nerviosismo fue calmado por el propio AMLO con un discurso más conciliador, de menos confrontación y con una tónica de continuidad en materia de política económica.

Sin embargo, esta postura le empezó a restar popularidad frente a los que lo eligieron, a pesar que aún no asume la presidencia de manera oficial. En este sentido, AMLO decidió tomar uno de los temas más álgidos de la campaña para levantar esa popularidad, este era el conflicto sobre la construcción del NAIM. Para tal fin, y en claro populismo, AMLO propuso y se convocó a una consulta ciudadana sobre si se debería mantener la construcción del NAIM en Texcoco o cambiarlo de ubicación hacia Santa Lucía, zona ubicada a 42 kilómetros de la Ciudad de México, donde existe una base aérea militar que serviría de base para su construcción.

La consulta organizada de manera informal sin la participación del ente electoral oficial de México, sin controles para evitar el sufragio múltiple por el mismo votante, sin criterios básicos de selección de votantes, y sobre un proyecto de inversión pública con alto componente técnico, ponían de manifiesto que la iniciativa del futuro presidente no era más que un acto de populismo puro. 

Dicha consulta arrojó como resultado que el aeropuerto debía ser construido en Santa Lucía y ya no en Texcoco. En ese sentido, López Obrador respondió que se respetaría dicho resultado y que el proyecto de Texcoco quedaba cancelado.

Los efectos inmediatos fueron la desconfianza del mercado y la incertidumbre empresarial ante el discurso claramente populista de AMLO. El peso mexicano perdió valor de manera estrepitosa, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores perdió valor de manera abrupta, la clasificación de la deuda del Aeropuerto Internacional de México tuvo una fuerte degradación hasta quedar cerca del nivel de basura, el riesgo país de México se incrementó y se ubicó por encima (es decir, con más riesgo) que Colombia y Perú, y puso en riesgo la clasificación de deuda soberana del país.

Esta respuesta del mercado fue por el temor que generó el mensaje del presidente electo, ya que reafirmó que las políticas populistas serán pan de cada día en el sexenio venidero bajo las banderas de “democracia” y “lucha contra la corrupción”. Ambas serán las armas políticas que se utilizarán como excusas perfectas para implantar políticas populistas que tanto dañan las cuentas fiscales del país, y que resquebrajan el marco de estabilidad jurídica generando incertidumbre en los inversionistas, quienes reducirán su horizonte de inversión en el país, inclusive podrían cerrar operaciones, afectando seriamente la producción del país y la generación de empleo.

Pero ¿Realmente esta consulta es una muestra del cambio hacia un esquema más democrático y transparente que AMLO tanto profesa? La respuesta es No. Definitivamente ejercicios cómo el de esta consulta sólo nos muestran lo peor de una sociedad que necesita reformarse desde sus entrañas para lograr la senda de desarrollo.

Al convocar esta consulta antes de que asuma la presidencia, AMLO nos muestra que el liderazgo del país está en manos de quién tiene desesperación absoluta por ocupar el poder lo antes posible, y no espera a hacer las cosas cómo se deben hacer dentro del marco de la legalidad y del respeto a los procedimientos establecidos, sino que prefiere hacerlo a su modo, al fiel estilo burdo e informal. Así mismo, también es una muestra clara que López Obrador está dispuesto a dar lo que la sociedad reclama, sin ponerse a evaluar si esto afectará al país en el mediano y/o largo plazo, con tal de no perder popularidad entre la población.

Es importante que los mexicanos entiendan que Democracia y Lucha contra la corrupción no es populismo, ese que se utiliza para diseñar programas asistencialistas y acostumbrar a la gente a recibir dinero o bienes del Estado sin hacer el mínimo esfuerzo. Democracia no es someter aspectos técnicos hacia el escrutinio de la población, quiénes mayoritariamente no cuentan con esos criterios técnicos para tomar decisiones de política. Lucha contra la corrupción no es poner bajo la decisión popular, algún proyecto de infraestructura que va más allá de elegir si te parece bien o no, sino de qué tan viable es o no hacer alguna obra.

Mirando hacia el futuro y tomando en cuenta este evento, ¿Qué le espera a México? La respuesta admite demasiadas especulaciones, pero debido a las actitudes adoptada por los futuros líderes del siguiente sexenio, se puede inferir que las decisiones y políticas propuestas serán ejecutadas en función a qué tan popular es la medida entre la población sin interesar los criterios técnicos, ni los impactos financieros y económicos. Con esto, hoy la incertidumbre de los inversionistas está más que justificada.

Todo esto no es más que un reflejo de la sociedad en que vivimos. Nuestro día a día está lleno de decisiones que se toman si meditación alguna, de proyectos o actividades que no se realizan de la manera correcta sino de la forma cómo a cada quién le viene en gana, sin interesarles si afectan los derechos de terceros. Lo vemos diariamente en los puestos de comida que invaden las calles, los múltiples estacionamientos improvisados, en los diversos taxis informales que se hacen pasar por formales, es decir, en sacarle la vuelta a las leyes con tal de obtener un beneficio propio. Toda esta informalidad es la que está absolutamente reflejada en la figura del Presidente Electo y es la que va a gobernar en los siguientes seis años.

Es evidente que por más que México sea la segunda economía más importante de América Latina, después de Brasil, aún está muy lejos de la senda del desarrollo, que va más allá de luchar contra la corrupción o de un sostenido crecimiento económico. El desarrollo está en la búsqueda de que toda la población tenga un cambio idiosincrático abrupto, dónde todas las acciones se realicen cómo realmente deben hacerse con respeto y responsabilidad, y no cómo se nos plazca buscando sólo el beneficio propio sin respetar nada ni a nadie. Un largo camino nos espera para este cambio, pero sólo así es cómo se empezará a tener líderes que reflejen una sociedad cada vez mejor.

Entre el fascismo ultra conservador y el progresismo izquierdista

Los resultados de la primera vuelta en Brasil marcan un escenario complicado y extremo en el país carioca, y por consecuencia en la región de América Latina. El enfrentamiento es entre dos polos extremos: La candidatura de Jair Bolsonaro representando la ultra derecha fascista y conservadora que nunca ha gobernado el país, y la de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, oficialista, y representando la izquierda progresista que ha gobernado a Brasil en los últimos quince años, y arrastrando consigo todos los escándalos de corrupción de sus antecesores.

Estas elecciones en Brasil son históricas, no sólo por tener una elección polarizada entre dos ideologías completamente extremas, situación que nunca ha pasado de forma tan radical en el país, sino también por la influencia política, social y económica del gigante sudamericano en toda la región latinoamericana.

Durante los 90, Brasil marcó la pauta para instaurar el neoliberalismo en la región, y por siete años consecutivos, Fernando Henrique Cardoso pudo imponer y afianzar esta corriente en su país. Al principio, los beneficios económicos fueron sustancialmente positivos, pero luego la crisis económica causada por el fuerte incremento de la deuda externa atacó al país. 

La población cansada de la crisis en que Cardoso los había metido, aunado a los múltiples escándalos de corrupción, decidió darle un giro político al país y elegir, en el 2002, a Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, exsindicalista y representante de la izquierda progresista de Brasil. Un viraje del rumbo político que no solo impactó en Brasil, sino que significó el cambio ideológico de la región ya que su radio de influencia impactó sobre diversos procesos electorales en la región.

Esta elección cambió la forma de hacer política en Brasil, dónde ahora el Estado tenía una fuerte intervención en la vida económica y empresarial del país. Y empresas estatales como Petrobras tuvieron preponderancia en las cuentas fiscales y en la actividad económica de Brasil. Siete años de gobierno populista hicieron que Lula sea de los presidentes de Brasil con mayores índices de aprobación mientras estaba en el cargo, esto le sirvió para influenciar la elección de Dilma Rousseff, del mismo partido y corriente, como su sucesora en la presidencia. 

Lamentablemente para Dilma, su gobierno no fue del todo exitoso y hacia el final de su primer periodo gubernamental, los casos de corrupción de Petrobras, LavaJato, y Odebretch, empezaron a hacer mella de la popularidad del gobierno izquierdista. Logró una ajustada reelección, pero en su segundo periodo, en lugar de enfocarse en las políticas públicas y económicas del país, los esfuerzos estuvieron concentrados en luchar contra las acusaciones que recaían sobre Dilma y Lula. Tres años después, Dilma fue censurada por el parlamento ante las inminentes acusaciones e investigaciones a las que tenía que hacer frente.

Luego de la censura a Rousseff, el vicepresidente de la República Michel Temer, de centro derecha, gobernó el país, pero el escenario político no fue más alentador que lo sucedido los años previos a su gobierno, además la violencia en el país se hizo más aguda ante la crisis económica y política que vivía Brasil. Todo ello ocasionó una sensación de descontento, decepción, indignación y hartazgo de la población contra la clase política de su país, y una necesidad urgente de cambio. 

Este fue el escenario político con el que Brasil comenzó su proceso electoral del 2018 para elegir al próximo Presidente de la República. Esta campaña, empezó incipiente sin un candidato fuerte que contrarrestara la precandidatura de Lula y marcada por el proceso judicial que decidiría el futuro político del expresidente. Luego de tanta incertidumbre, Lula fue acusado y sentenciado a prisión, por lo que la candidatura “fuerte” (lideraba las encuestas, pero con apenas 14% de respaldo) de la izquierda se caía, y la campaña volvía a empezar. 

En esta reorganización del proceso electoral, surgió un militar en reserva y que traía consigo una política conservadora de ultraderecha, totalmente opuesta a la que gobernó Brasil por quince años, llamado Jair Bolsonaro. Las propuestas de cambio en la política económica y la lucha contra lo diferente para reducir la violencia en el país calaron fuertemente, a tal punto que los electores de Bolsonaro en la primera vuelta casi llegaron al 50% de los votantes.

Este tipo de candidatos radicales siempre surgen y calan cuando las autoridades vigentes causaron hartazgo en la población. Pese a las propuestas fascistas de Bolsonaro, los brasileños no han podido discernir correctamente entre lo que significaría su elección como presidente. Si bien representaría el cambio radical que Brasil espera, también traería consigo discriminación, segregación y una amplitud de brechas sociales más profundas de las que hoy ya existen en Brasil. Además, distinto a lo que se piensa, la violencia se incrementaría de manera sustancial ante las políticas fascistas con las que planea gobernar Bolsonaro.

Cómo muestra de este futuro escenario complicado que enfrentaría Brasil, hoy muchos seguidores de Bolsonaro han reaccionado de forma violenta contra los grupos sociales minoritarios, siguiendo el discurso del candidato presidencial, incluso llegando a asesinar a un grupo personas transexuales bajo el lema “queremos limpiar Brasil de esta lacra”. Estos actos dan luces de los niveles de violencia que alcanzaría el país, y además de la intolerancia contenida y escondida que ha habitado en muchos grupos sociales del país. 

Analizando los resultados de la primera vuelta electoral, los electores de Bolsonaro corresponden mayoritariamente a los niveles socioeconómicos media y alta, que viven en ciudades donde predomina la población blanca y con altos niveles educativos. Esto nos muestra que esta parte de la sociedad ha vivido reprimida en cuánto a sus sentimientos fascistas y están dispuestos a “limpiar el país” para tener un mejor futuro.

Por el lado contrario, el candidato de la izquierda oficialista, Fernando Haddad, quién quedó relegado por una amplia diferencia en el segundo lugar, alcanzó esta posición gracias a que su mayoría de votantes corresponden a las clases socioeconómicas más bajas de Brasil, y que viven en las ciudades de población negra y con elevados índices de pobreza. Claramente, a este grupo poblacional no le es relevante la corrupción de sus gobernantes, sólo que respeten sus derechos y continuar recibiendo apoyo gubernamental mediante los diversos programas asistencialistas que instauró la izquierda progresista.

Esta segmentación entre ambos candidatos, de cara a la segunda vuelta, ha fraccionado al país en una lucha política (Izquierda vs. Derecha), pero también en un enfrentamiento social entre pobres y ricos, entre blancos y negros, entre heterosexuales conservadores y demás orientaciones sexuales. Esta confrontación lo único que está ocasionando en Brasil es un fuerte incremento de la violencia, y podría ocasionar un retroceso en el reconocimiento de los derechos hacia la diversidad de personas que habitan Brasil, lo que significaría un incremento en la fractura social del país.

Esta segunda vuelta en Brasil es una encrucijada entre dos males distintos, uno nuevo y otro conocido. Es una elección entre el fascismo conservador de ultraderecha y la corrupción e ineficiencias de la izquierda progresista. La decisión no es sencilla, ya que ambos atentan contra el desarrollo del país. Y por la influencia del país carioca, podría macar un precedente que pudiera afectar la situación política, social y económica de América Latina.

La politización del Sistema Judicial Peruano

La situación política del país cambia todos los días, a consecuencia del escándalo de corrupción que afecta al Sistema Judicial, y de la lucha que se ha desatado desde el Poder Ejecutivo y la Sociedad Civil frente a estos denigrantes hechos.

Después de los infames audios entre el entonces magistrado Hinostroza Pariachi, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), diversos jueces, fiscales, políticos, empresarios, deportistas y demás funcionarios y trabajadores de la administración pública, se destapó toda la podredumbre del aparato judicial en el Perú, y fue la excusa perfecta para cumplir uno de los objetivos del reciente gobierno entrante de Martín Vizcarra, la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, una pregunta latente luego de conocer el estado actual del aparato judicial es ¿Qué tan politizado y criminalizado se encuentra el Sistema Judicial Peruano? Para responder a esta pregunta hay que remontarnos a la década de los 80, momento en el que el aprismo empezó una labor de insertarse en el Poder Judicial de manera progresiva.

Con la llegada de Fernando Belaúnde a la presidencia en 1980, el parlamento tenía una fuerte presencia de apristas, tanto en la cámara de diputados como de senadores, quienes se encargaron de nombrar personas claves en los poderes del estado autónomos, vinculados con el aparato judicial (Poder Judicial, Fiscalía, entre otros), y que a su vez contrataban personas del partido aprista para los mandos medios de estas instituciones.

Para 1985, el APRA gana por primera vez la Presidencia de la República, y Alan García se convierte en el presidente más joven de la historia del Perú. Con su llegada a la presidencia, el copamiento de militantes apristas en el aparato estatal fue inminente, y las instituciones del sistema judicial no fueron la excepción. El Poder Judicial, el Ministerio Público, y demás instituciones, fueron plagados de apristas a todo nivel, desde las bases hasta las cabezas de dichas instituciones. Ese quinquenio, aquel Poder del Estado que debe mantener autonomía respecto del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, perdió dicho atributo y se sometió a los mandatos del gobierno de García. Este hecho, en años posteriores, marcarían un hito en la politización del Sistema Judicial, útil para el encubrimiento de las múltiples acusaciones contra García y la cúpula del partido aprista, así como arma política por excelencia del Partido Aprista Peruano.

Y es así que con la llegada de los 90, Alberto Fujimori se convierte en Presidente de la República, y la persecución por las múltiples acusaciones contra García eran pan de cada día, sin embargo, éste se había exiliado en París y posteriormente en Bogotá hasta el 2001. Pese a ello, jamás se inició ni un proceso de extradición o expulsión de estos países, y García pudo vivir tranquilamente fuera del país por más de una década. Este “beneficio” fue una de las primeras muestras que el aparato judicial tenía la balanza a favor del APRA.

Durante el gobierno fujimorista, Alberto Fujimori logró cubrir los puestos claves del Sistema Judicial con personas aliadas a él, cubriendo de esta manera la Fiscalía, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros. Pese a estos esfuerzos de repetir la historia aprista, Fujimori nunca logró enquistar partidarios afines a su gobierno en la estructura completa del aparato judicial, y sólo logró cubrir las cabezas de estas instituciones.

Esta estrategia fue muy útil mientras Fujimori estaba en el gobierno, sin embargo, fue contraproducente para él y los funcionarios del gobierno fujimorista, una vez que dejaron de gobernar. Esto, ya que una vez que Fujimori renunció a la presidencia, las cabezas de estas instituciones fueron destituidas y encarceladas.

Luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el 2001, García regresó al país y sus acusaciones prescribieron y/o fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. Pese a las evidencias del desastre económico, político y social que había dejado en 1990, de los actos de corrupción, de las acciones inconstitucionales (como el caso de la Estatización del Banca) y de acusaciones por delitos de lesa humanidad (como el caso del escuadrón paramilitar Rodrigo Franco), la justicia peruana no encontró culpabilidad en García, y en la mayoría de casos, en los que no prescribió la acusación, se declaró que no había pruebas suficientes para mostrar culpabilidad. Este acto escandaloso de impunidad fue otra muestra que García y el APRA contaban con el Poder Judicial cómo aliado y arma política.

Este blindaje hacia García le permitió postular a la Presidencia en el año 2001, sin éxito, y luego en el 2006, y así convertirse nuevamente en Presidente de la República.

Por otro lado, Fujimori fue perseguido judicialmente, capturado y extraditado de Chile en el 2005, claramente la justicia no jugó a favor del expresidente, ya que la estrategia de copamiento fue débil y no perduró en el tiempo. Como consecuencia, Fujimori terminó preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción.

Durante el segundo gobierno aprista, la alianza implícita que se formó entre el APRA y el fujimorismo, en ese entonces liderado por Keiko Fujimori como la congresista más votada, se hizo más fuerte.  Esto, permitió que Keiko empezará a forjar un nuevo legado fujimorista sobre bases similares a lo que construyó el aprismo en su momento.

En ese sentido, la lideresa del fujimorismo optó por empezar a construir una estrategia similar a la de García, empero en este camino se encontró con un obstáculo, los audios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Estos revelaron los errores en esta estrategia, y Keiko quedó al descubierto de toda la maraña que estaba en proceso de construcción. 

Esta crisis del Sistema Judicial ha permitido desnudar décadas de corrupción que ha invadido el Poder Judicial y el Ministerio Público. Una triste realidad que no sólo ha beneficiado a los autores de estas estrategias, sino que además afectó a muchos inocentes, tanto víctimas sin justicia como sentenciados de forma injusta. 

Ergo, el liderazgo del ejecutivo y de un sector importante de la sociedad civil, está ejerciendo presión para poder limpiar este poder del estado y realmente ejercer la justicia que nunca debió dejar de proveerse.

Esta lucha se muestra verdadera y da señales que avanza a pasos agigantados en cortos periodos de tiempo. Cómo toda lucha, se esperaba ataques del enemigo, y tal cuál es lo que ha ido sucediendo desde que se destapó todo este escándalo. Ataques que se basan en el ejercicio del poder desde el legislativo y de las alianzas formadas con las redes oscuras del poder judicial en el país, aún no descubiertas.

Queda mucho pan por rebanar, pero a pesar del ruido político que ha despertado este caso, a nivel internacional el país está siendo reconocido por tomar el liderazgo en la lucha frontal contra la corrupción. Esta lucha es dura y cruenta en las arenas políticas, pero necesaria para lograr mejores niveles de desarrollo que el país tanto necesita.