Bienvenidos a la Cuarta Transformación

A partir del 01 de diciembre, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) empezará oficialmente sus funciones. Si bien desde el 01 de julio en que fue elegido el próximo Presidente de México, estos seis meses sólo han servido para dar a conocer la perspectiva del futuro sexenio en el país.

Es evidente que la elección de López Obrador recogió el descontento de un gran sector de la población con la eterna hegemonía del PRI, de centro izquierda, como partido de gobierno, y de una alternancia con el PAN, de centro derecha (en el periodo 2000 al 2012), que no caló con la población. Los principales caballitos de batalla de AMLO fueron la lucha contra la corrupción y la mejora en las políticas públicas en favor del sector más pobre del país, con ciertos visos de progresismo que atrapó a más de la mitad del electorado mexicano.

Lejos quedaron los competidores de López Obrador en la elección del 01 de julio, con lo que este resultado consolidó y dio una fuerte legitimidad a su elección. El mercado y los sectores más conservadores entraron en pánico por la incertidumbre que su planteamiento de política económica traía consigo. Luego del 01 de julio, muchos inversionistas, y diversos sectores del país estuvieron concentrados en captar las señales de lo que sería la nueva administración en México.

En este sentido, las primeras señales fueron de diálogo y conciliación con la saliente administración de Enrique Peña Nieto (del PRI), aspecto que dejó un poco desconcertados a muchos de sus votantes, ya que la lucha contra su alicaída gestión había sido uno de los puntos críticos dentro de sus propuestas. Pero para los mercados fue una buena señal que, a diferencia de sus propuestas, se sentían aires de continuismo en el aspecto macroeconómico del país.

No obstante, el Presidente Electo de México empezó dar señales confusas como las consultas ciudadanas. En su afán de demostrar que la gente tiene poder sobre el país, instauró diversos procesos de consulta ciudadana para decidir sobre proyectos de inversión pública de gran envergadura para el país, o decisiones ejecutivas críticas, que pusieron en tela de juicio la seriedad de sus planteamientos. Un tufillo a populismo se empezó a asomar sobre la siguiente gestión que viene, y no precisamente avizorando cambios positivos, la cuarta transformación da luces de ser una degradación del país.

En el ámbito económico, las cifras de sus perspectivas de financiamiento para las propuestas de políticas públicas que plantea, no cuadran. Las prácticas de consulta ciudadana para tomar decisiones sobre proyectos de inversión pública, en el que los criterios técnicos son relevantes, han despertado incertidumbre sobre los inversionistas extranjeros y los potenciales riesgos que enfrentarían. Y, las presiones inflacionarias y del peso mexicano empiezan a comportarse en respuesta a esta incertidumbre. 

En lo social, es evidente que este será un aspecto que promocionará constantemente el equipo de MORENA. Este será el principal driver para vender su gestión como la mejor de los últimos tiempos, esto ya que lo social es lo más visible ante los ojos de la población, aunque ello implique costos económicos y financieros que nadie mirará o minimizará. En este sentido, será común los programas y políticas sociales que sean políticamente populares, aunque no tengan la suficiente sustentabilidad técnica ni económica.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, el motivo principal por el que votaron los mexicanos, es evidente que no avanzará mucho en esta materia y es que López Obrador no solo es el Presidente Electo de México, sino que anteriormente ha sido Jefe Delegacional de la Ciudad de México. Por ello, es claro que parte de la transferencia entre el PRI y MORENA ha sido negociar el tratamiento a los casos de corrupción que se están investigando o se pretendían investigar desde ambos bandos. La reciente postura del “borrón y cuenta nueva” anunciada por AMLO respecto a los funcionarios corruptos de gestiones anteriores, así lo demuestran. En el extremo, para dar muestras de la lucha contra la corrupción, la persecución será contra los casos abiertos del PAN (partido de centro-derecha), considerando las fuertes diferencias que separan a ambos bandos.

Esta situación no es nueva para América Latina, aunque quizá sí lo sea para México. Diversos países latinoamericanos ya han tenido gobiernos dónde lo primordial del ejecutivo es ganar popularidad política a costa de la salud económica y financiera del país, donde no se escatima en ello con tal de dejar una imagen positiva frente a la población. No es difícil pensar que esto va a ser así, tomando en cuenta los desastrosos resultados de su gestión como Jefe de la Ciudad de México. Durante este periodo, López Obrador obtuvo un respaldo gigante, por parte de los capitalinos, por las diversas obras de corte social y urbanístico que mejoraron la cara de la ciudad, pero lo que costó dejó casi en ruinas a la Ciudad de México, aunque muchos no lo vieron y no les interesó en absoluto. Lo mismo sucede hoy con las Consultas Ciudadanas, ejercicios que se publicitan como el mecanismo “democrático” (a pesar de no tener ni un control electoral) para que el pueblo decida sobre sus proyectos, aun cuando se sabe que esto puede atentar contra la sustentabilidad técnica de los mismos y el costo a asumir por el país sea exponencialmente mayor.

En la región hay ejemplos vivos de esta forma de gobernar, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Alan García en el Perú, Lula Da Silva en Brasil, entre otros. Todos con resultados que no necesariamente llevaron a una crisis estrepitosa al país, pero al menos estancaron el crecimiento económico y afectar diversos factores macroeconómicos del país a costa de buscar una mayor aceptación popular.

Esta situación es lamentable para México, en un contexto dónde necesita despegar, y reactivar diversos zonas productivas y comerciales del país, dónde es necesario sanear las cuentas públicas y ser más austeros para tener un reinicio de gestión mucho más adecuado que le permita tener holgura de maniobra. Lamentablemente, este tipo de gobiernos no se fijan en ello y sólo buscan agraciar a la población. Hoy, más del 60% aprueba la gestión de AMLO como Presidente Electo gracias a las consultas ciudadanas, qué pese a carecer de todo sentido técnico han sido aceptadas por el grueso de la población como una acción del “gobierno del pueblo”.

Serán seis años de idas y vueltas, de avances y retrocesos constantes, de incertidumbre para el mercado, el inversionista y el empleado formal. Será un sexenio de inflación, de tipo de cambio volátil y de una serie de locuras políticas que solo buscarán afianzar la imagen de López Obrador como la “Esperanza de México”, aunque en realidad se esté forjando la figura del nuevo Verdugo de México.

El terremoto Odebrecht

Desde hace varios años atrás, el destape de los casos de corrupción cometidos por Odebrecht y Lava Jato han remecido no sólo a la arena política de Brasil, también a los principales países de América Latina que por décadas recibieron el apoyo empresarial de estas organizaciones para el desarrollo de sus obras públicas.

Estos casos nos han dado la oportunidad de toparnos con una triste realidad, América Latina sigue siendo un compendio de países dónde la corrupción campea, dónde ser político es necesariamente sinónimo de delincuencia de cuello blanco, y difícilmente los que deberían trabajar al servicio del Estado realmente lo hacen. Cada país tiene su propio drama, unos más que otros, pero todos igual de críticos y lamentables.

Lula y Dilma en Brasil fueron los principales artífices y beneficiados de toda esta red de corrupción armada para beneficiarse personalmente, a costa de favorecer en las licitaciones de obras públicas a estas dos empresas. A ellos, se les suma las diversas investigaciones por los malos manejos de empresas públicas como Petrobras y Braskem. Por estos motivos, Brasil ha tomado liderazgo en cuanto a las investigaciones sobre estos casos, y ha logrado encarcelar al expresidente brasileño, así como el impeachment hacia Dilma por la incapacidad moral que representa.

En Colombia, México, Panamá, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay, y Perú, los casos han involucrado a expresidentes, parlamentarios, funcionarios públicos y agentes privados, todos confabulando para obtener beneficios personales a costas de las necesidades de todos estos países. La estrategia de utilizar la famosa “Caja 2” administrada por la Unidad de “Operaciones Estructuradas” de la empresa Odebretch para realizar los pagos ilícitos, dan cuenta el nivel de institucionalización de la corrupción en esta compañía y del afincamiento que esta ha tenido en los aparatos estatales.

Estos niveles de institucionalización del delito han hecho que para las investigaciones judiciales sea cada vez más difícil rastrear el origen ilícito de los pagos percibidos por estos funcionarios, ya que la cadena de pagos se hizo de forma tan compleja, cómo lo hace cualquier organización criminal, que ha servido para despistar a la justicia.

Pero, lo más resaltante es analizar ¿qué están haciendo los países ahora que ya se conoce todo este caso? En algunos llama la atención la inadvertida concentración que le han puesto a este gravísimo tema. Por ejemplo, en México han congelado el caso por cinco años, momento desde el cual se retomarán las investigaciones. Dichas investigaciones preliminares congeladas incluyen cómo principales sospechosos a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como a los Jefes de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (actual Presidente Electo de México) y Miguel Ángel Mancera, además de un ciento de Secretarios, gobernadores, ex jefes delegacionales, diputados, senadores y demás funcionarios públicos. Este caso es lamentable, siendo México uno de los principales países de la región con un elevado índice de corrupción estatal.

Sin embargo, no todo está perdido existen países de la región que han puesto en marcha las investigaciones sobre este caso, y ya ha habido acciones concretas con resultados cada vez más precisos y certeros en el proceso judicial. 

En Perú, independientemente del caso de Alberto Fujimori que ha pasado a la historia como el primer Presidente del Perú sentenciado a prisión efectiva, los demás expresidentes vivos siguen enfrentando a la justicia. Dos de ellos (Alejandro Toledo y Ollanta Humala) recibieron prisión preventiva, y los otros dos (Pedro Pablo Kuzcynski y Alan García) cuentan con impedimento de salida del país como medida preventiva. Además, las investigaciones han alcanzado a los líderes políticos beneficiados durante las campañas electorales, acusados del delito de lavado de activos, tal es el caso de César Acuña y Keiko Fujimori, esta última con prisión preventiva por este caso. También se han incluido en las investigaciones a exautoridades ediles y provinciales, como los exalcaldes de Lima (Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio) y diversos gobernadores regionales.

En Ecuador, el expresidente Rafael Correa cuenta con impedimento de salida del país, y está en trámite su futura prisión preventiva, por ser uno de los presidentes con mayores beneficios de Odebrecht, al haber forjado durante su mandato una alianza sólida con los gobiernos del Partido de los Trabajadores de Brasil al pertenecer a la misma ala ideológica.

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández enfrenta la justicia con el mismo rigor que en Perú y Ecuador. Las investigaciones siguen abiertas pero las medidas drásticas han incluido el allanamiento de sus propiedades, y pese a que cuenta con inmunidad por ser senadora, hay voces que hacen inferencia que pronto podría hacerse la solicitud de prisión preventiva para la expresidenta. Además, muchos funcionarios que han trabajado en su gobierno y en el de su esposo, Ernesto Kirchner, han sido apresados o cuentan con medidas como impedimento de salida del país o medidas cautelares diversas.

En Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay, las investigaciones han golpeado a funcionarios claves, aunque sin afectar de forma directa a los expresidentes o líderes de las principales entidades de gobierno. Las acciones siguen siendo tenues a pesar del impacto que tuvo Odebrecht y Lava Jato en sus países.

En Bolivia y Venezuela, el caso es un tema tabú, para estos países el caso Odebrecht al mantener en el gobierno a los que, en las hipótesis judiciales, fueron los mayores beneficiados de la región y mantienen injerencia sobre el sistema judicial de sus países.

En resumen, el caso Odebrecht desnudó la corrupción que se mantenía velada en toda la región, una corrupción que explica el subdesarrollo que aún ataca a nuestras sociedades, pero, sobre todo, a qué la administración del poder sigue siendo ineficiente y caótica. Además, lo lamentable no es que los funcionarios públicos elegidos por voto popular hayan traicionado la confianza de sus electores de esta manera, sino que los electores continúan, en muchos casos, valorando la ejecución de obras visibles (carreteras, aeropuertos, hospitales, etc.) por encima de los aspectos éticos. Tal fue el caso del lema de campaña de Luis Castañeda para la alcaldía de Lima en el 2014, “Roba, pero hace obra”, con el que fue electo por más del 50% del electorado.

Deberíamos esperar que estos casos nos enseñen a ser más juiciosos en nuestras elecciones para los cargos públicos más relevantes de nuestros países, a qué valoremos los aspectos técnicos, la capacidad de gobernabilidad y ejecución, pero sobre todo los criterios éticos que tenga el futuro funcionario. El momento en el que interioricemos que con corrupción nuestras sociedades seguirán estando atrasadas y sin lograr el ansiado desarrollo humano que queremos, ese será el momento en el que nuestra región latinoamericana empiece a dar el giro de 180 grados que tanto necesita.

Con Mis Hijos No Te Metas

Era sábado por la tarde, caminaba por el parque cuando de repente empiezo a ver cómo es que un grupo de buses se reúnen en una de las esquinas del parque, y bajan de ellos un gran número de personas miembros de diversas iglesias católicas, evangélicas, mormonas, y demás variantes del cristianismo. Entre la multitud, se logra distinguir carteles con colores azul y rosado, con frases contra la diversidad de género sustentadas en citas bíblicas, apoyo de la conformación de una familia, que ellos denominan, “natural”, e insultos de todo tipo hacia personas de la comunidad LGBTIQQA. Este grupo de personas se congregaban para dar inicio a la denominada marcha “Con Mis Hijos No te Metas”.

De forma inevitable me surgieron muchos cuestionamientos sobre esta marcha, ¿Qué los mueve? ¿Qué entienden por familia? ¿Quién los financia? ¿Qué tipo de educación es la que buscan para sus hijos? ¿Qué esperan de la sociedad y del gobierno? ¿hacia dónde estamos caminando como sociedad?

Empecé una búsqueda intensa para intentar entender la motivación y el incentivo de este movimiento para discriminar de manera recurrente y hostil hacia la comunidad LGBTIQQA, y me encontré con muchas sorpresas. “Con Mis Hijos No Te Metas” no es un movimiento local o nacional específico de algún país o comunidad, sino es un movimiento internacional, organizado por un conjunto de personas pertenecientes a las diversas vertientes de iglesias evangélicas, mormonas y respaldada por la iglesia católica.

El financiamiento proviene principalmente de las iglesias evangélicas y mormonas, sobre todo del Movimiento Misionero Mundial, y en menor medida de las otras iglesias y sectas, quienes respaldan las manifestaciones en Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Una curiosidad adicional es que son justamente las principales fuentes de financiamiento de esta marcha, las que no pueden explicar cómo sus niveles patrimoniales crecen de manera abrupta año tras año, y a la fecha llevan en su haber un patrimonio exorbitante para ser una institución religiosa que sólo busca la difusión de la fe cristiana, como un acto sin fines de lucro.

El móvil aparente es la lucha contra la formación académica dónde se incluyan un profundo conocimiento de la identidad de género desde el punto de vista objetivo y psicológico, que permita al niño tener clara la diferencia entre sexo y sexualidad. En este sentido, esta corriente busca que los países no ejecuten políticas educativas ni legislen los derechos de las personas tomando en cuenta estos criterios objetivos y laicos. Al contrario, bajo su lógica, cualquier legislación sobre este tema debería hacerse bajo los preceptos de sus creencias religiosas ya que, para ellos esa es la verdad absoluta.

La lucha se hizo más bulliciosa en los últimos años, a consecuencia de que muchos países comenzaron un proceso de legislación para poder asegurar que todas las personas cuenten con los mismos derechos. En varias jurisdicciones se legisló sobre el matrimonio (y en algunos casos unión civil) entre personas del mismo sexo, adopción de niños, maternidad subrogada, entre otros aspectos claves que decantan en la conformación de una familia. Algunos países han sido más contundentes en la legislación sobre esta materia como Argentina, Brasil, Uruguay y México; otros se han mostrado más moderados como Chile y Colombia, y algunos aún presentan un arraigo dañinamente ultra conservador que les ha impedido ir más allá de lo que la sociedad les permite como Bolivia, Ecuador, Paraguay, o Perú.

Este proceso en América Latina se ha concentrado en legislar sobre el respeto al derecho de las personas a contar con una orientación sexual (gay, lesbiana, transexual, travesti, transgénero, queer, asexual, intersexual, bisexual, pansexual, etc.) y a que todos sus demás derechos inherentes no se vean afectados, tal cómo son ejercidos por las personas heterosexuales. Entre los más destacables están el matrimonio o unión civil que permite la conformación de una familia con todos los derechos que ello concibe (herencia, protección de seguridad social, entre otros), la criminalización de la violencia originada por discriminación, el acceso a todos los servicios y lugares públicos sin discriminar por orientación sexual de las personas, entre otros.

Ante ello, las protestas de los grupos religiosos han sido extremas, y su defensa ha podido prosperar de manera temporal en los países que aún son ultra conservadores. Los argumentos de que esto es antinatural, aberrante, es un invento de las personas para hacer lo que se les da la gana, o inclusive parte de una ideología, están a la orden del día. Los argumentos pueden ser múltiples, tanto de quienes defienden este proceso de liberalización cómo de quienes se oponen, pero los afectados directos son los que sufren en el camino, porque son ellos los objetos de discusión, de insultos, de burlas, de agresiones, y lo peor del daño psicológico y emocional que todo ello genera.

Las personas no heterosexuales pasan por un proceso difícil y complicado a lo largo de su vida, un proceso que ningún heterosexual conoce, un proceso que te hace dudar de todo lo que se siente, de lo que se percibe, de sí mismo. Y, que, aunado a un conflicto de esta naturaleza, no sólo alimenta la inseguridad que esto conlleva, sino que además contribuye a estigmatizar a las personas por características que son absolutamente normales en el ser humano.

Lo más triste de este proceso, es que todas esas corrientes religiosas se jactan de defender la vida, pero con sus agravios profundos contra la comunidad LGBTIQQA, lo único que generan es incentivar a que miembros de esta comunidad atenten contra la suya por algo que no los hace distintos que cualquier otra persona. Por esto la relevancia que desde pequeños se les enseñe a que ni una sola característica diferente hace menos a la persona, y que todos, con las diferencias que se tengan, son iguales ante la ley, y deberían serlo para la sociedad.

Este proceso de aceptación en las sociedades es largo, y no es nuevo. A lo largo del tiempo, los negros y las mujeres han pasado por ese mismo camino, tortuoso pero necesario para que cada vez más se haga una sociedad incluyente, sin ciudadanos de segunda clase, con los mismos derechos y obligaciones. Es cuestión de tiempo y constancia en esta lucha para que el reconocimiento de derechos hacia las personas de la comunidad LGBTIQQA sea aceptada cómo un deber del Estado, más que como una ideología inexistente.

En la foto, el actual Presidente de Luxemburgo con su esposo